El Congreso pide derogar que el TC suspenda a políticos
El PSOE y los soberanistas votan la iniciativa del PNV
El Congreso aprobó anoche la proposición de ley presentada por el PNV con el fin de derogar la reforma que dio al Tribunal Constitucional (TC) nuevas competencias para suspender a cargos públicos. La votación cerró un debate intenso, de mucha enjundia política y jurídica, en la que Catalunya y el proceso soberanista estuvo siempre presente. Unas veces de forma muy explícita, y otras como telón de fondo que en gran medida explica las posiciones de los grupos parlamentarios.
La proposición de ley del PNV, presentada en paralelo a otra del PDECat muy similar, fue apoyada por PSOE, Podemos, ERC y la mayor parte de los partidos del Grupo Mixto. Todos los portavoces de la oposición subrayaron que el Gobierno ha intentado echar sobre los hombros del Constitucional la responsabilidad de frenar o detener el proceso soberanista catalán, primando la respuesta jurídica sobre la política. El voto determinante para decantar el debate fue el del PSOE, al que el PP dedicó luego la mayor parte de su intervención. Los socialistas no apoyaron, en cambio, la propuesta del PDECat. Argumentaron que la del PNV estaba mejor construida. La cuestión de fondo, en todo caso, es que el PSOE no quiere que en estos momentos se le pueda presentar como próximo o aliado con el soberanismo.
Los populares, a su vez, creen que los socialistas han caído en este asunto en una grave contradicción, porque quieren quitarle al Constitucional las competencias coercitivas y sancionadoras que no cuestionaron al no recurrir la ley, a pesar de haberlo anunciado. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de viaje en Santander, pidió al PSOE una “reflexión” para que no contribuya a limitar unas competencias del TC que son parte de su “esencia”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó a su vez que durante la discusión del articulado de la ley el Ejecutivo intentará que “el
EL LLAMAMIENTO Sáenz de Santamaría y Catalá piden al PSOE “una reflexión” para no limitar al TC
contenido de dicha proposición sea lo más adecuado a lo que España necesita”. En otras palabras, que el Gobierno intentará a toda costa que la ley no quede desactivada y el TC pueda garantizar por propia mano el cumplimiento de sus sentencias.
Mikel Legarda (PNV) y Lourdes Ciuró (PDECat) intervinieron en defensa de sus respectivas propuestas con argumentos políticos y jurídicos similares. Ambos consideraron que con la reforma del TC se ha dinamitado el equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Ciuró dijo que si en el 78, cuando se votó la Carta Magna, se hubiera explicado que años más tarde serviría para que “un cargo electo pueda ir a prisión”, el texto “no hubiese logrado respaldo alguno”. Añadió que “más que un espacio de libertades, la Constitución hubiese parecido la octava ley fundamental del franquismo”.
Legarda, a su vez, lanzó una clara advertencia al Gobierno y al PP, en el sentido de que este asunto llegará algún día ante la justicia europea, y el Estado español sufrirá con toda probabilidad un fuerte reproche. Y ello porque la posibilidad de suspender o sancionar a un cargo público supone, de hecho, utilizar la respuesta penal fuera de la jurisdicción
LA CRÍTICA La oposición cree que el Gobierno descarga sus responsabilidades en el Constitucional
que le es propia. Legarda y otros portavoces citaron los votos particulares de los tres magistrados del TC que votaron contra la constitucionalidad de la ley, considerando que desnaturaliza la institución ante la ausencia de cauces políticos para afrontar las reivindicaciones de Catalunya. “Este es –dijo Legarda– un problema con ropaje jurídico, pero de cuerpo político”.
Gregorio Cámara (PSOE) criticó a la vez la ley y la sentencia del TC que la ha avalado. Al hacerlo, el Constitucional ha incurrido –dijo– “en una lamentable abdicación”. Cámara, catedrático de Derecho Constitucional, recordó las garantías de la propia Constitución antes de suspender a un cargo público. Y se refirió para ello al artículo 155 de la Constitución, en el que es el Gobierno el que debe llevar la iniciativa, sin descargarse en el TC.
Íñigo Errejón (Podemos) también estimó que el Gobierno ha colocado en el solar del TC funciones que no le corresponden. Si el Ejecutivo considera que hay motivos para suspender a políticos –dijo–, la Constitución prevé otros mecanismos. Y también citó el artículo 155 de la Carta Magna. Pero este precepto no prevé una simple vía ejecutiva, sino diversos pasos y garantías, como el previo requerimiento a la autoridad supuestamente desobediente, y la intervención del Senado. El PP –añadió el portavoz de Podemos– ha optado por “una visión cada vez más estrecha” del país y de la Constitución. Ester Capella (ERC) estimó, a su vez, que el PP ha convertido al TC en “verdugo de la democracia”. Capella, como Ciuró, terminó su intervención con un “referéndum o referéndum”.
Contra la derogación de la reforma del TC intervinieron Carlos Rojas (PP) y Juan Carlos Girauta (C’s). “La ley que se quiere cambiar –dijo Rojas– fortalece el Estado de derecho”, porque el mensaje claro es que “aquí no hay impunidad”. Girauta dijo que la reforma prevé “la remoción de obstáculos” cuando se incumple una sentencia, y se preguntó “a quién puede preocupar la agilidad ejecutiva”.
Dos ausentes en el debate fueron abundantemente citados por los intervinientes. El primero, Xavier García Albiol (PP), quien en su día anunció la reforma del TC diciendo que ante las iniciativas de los soberanistas “se ha acabado la broma”. El segundo, el exvicepresidente del TC, Francisco Rubio Llorente, quien afirmó que la ley ahora cuestionada suponía para el Constitucional “una carga política que terminará por aplastarlo”.