Insuficiente atención a la dependencia
LA crisis económica frenó en seco el desarrollo de la ley de Dependencia, definida como el cuarto pilar del Estado de bienestar, que entró en vigor hace diez años para poder atender al 2,5% de la población española que no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos. El resultado del recorte presupuestario, aplicado tanto desde la Administración central como desde las comunidades autónomas, es que un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema aun cuando tiene el derecho reconocido.
Muchas esperanzas de ayuda para las personas que necesitan de otras para valerse por sí mismas, bien sea por minusvalía física, enfermedad o vejez, se han truncado, tanto por la lentitud en su aplicación como por la insuficiencia de las ayudas que reciben los afectados.
El problema, que es de una enorme gravedad, requiere la máxima atención de los poderes públicos para que se estudie la fórmula más adecuada de destinar a la dependencia más recursos de los presupuestos del Estado y una organización más dinámica y eficiente del sistema. Estamos hablando de más de 355.000 personas –90.000 de ellas en Catalunya– que han sido abandonadas por la administración pública, que se muestra incapaz de materializar el cumplimiento de la ley. Los retrasos son tan escandalosos que muchas personas dependientes mueren antes de recibir la ayuda que les corresponde. Se calcula que han sido más de 125.000 los que han fallecido en los últimos cuatro años sin llegar a recibir las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.
Las demandas de asistencia y su coste, a causa de una población cada vez más longeva, han superado con creces las previsiones que se plantearon cuando se concibió la ley, que salió a la luz con un gran consenso político pero sin la necesaria memoria económica y sin la correcta definición de sus fuentes de financiación. Es cierto, pese a todo, que entre antes y después de la entrada en vigor de la citada ley se ha registrado un importante avance en materia de asistencia social, ya que gracias a ella actualmente son más de 850.000 las personas que reciben una prestación por dependencia. Ha sido un gran paso, pero es todavía insuficiente para atender las elevadas necesidades que existen.
El objetivo debe ser incrementar los esfuerzos de la Administración y poner los recursos humanos y económicos necesarios para cumplir lo establecido en la norma legal y dentro de los plazos previstos. No hacerlo es frustrar las expectativas del sector más frágil de la población y eso es de una enorme crueldad.