Fomento acusa a TP Ferro de falsedad e incompetencia
España y Francia dicen que la concesionaria incumplió el contrato
Los gobiernos de España y Francia no tienen ninguna intención de que sus Estados respectivos paguen ni un solo euro a TP Ferro –la sociedad que explotaba hasta ahora el túnel ferroviario de El Pertús, ahora en liquidación– para compensarle por la rescisión anticipada del contrato de concesión. Así se deduce del durísimo escrito de resolución contractual entregado ayer a la administración concursal, en el que se explican las causas del final abrupto de la concesión y no se ahorran calificativos para TP Ferro y sus dos accionistas al 50%: ACS y Eiffage.
En concreto, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento de España, y tres ministros franceses –Jean-Marc Ayrault (Asuntos Exteriores), Segolène Royal (Medioambiente y Energía) y Michel Sapin (Economía y Finanzas)–alegan que TP Ferro ha incurrido en los últimos años en “graves y reiterados incumplimientos de las estipulaciones del contrato de concesión”. En particular, su “obligación de explotar y mantener la sección internacional [el túnel de El Pertús] hasta el término normal de la concesión”.
TP Ferro entró en liquidación el pasado septiembre a causa de sus problemas de liquidez y después de fracasar en su intento de llegar a un acuerdo con los acreedores financieros, a los que debe 400 millones de los casi 560 millones de deuda total de la empresa. Con un tráfico muy inferior al previsto, la empresa a duras penas podía cubrir los gastos de explotación y, mucho menos, los intereses y la amortización de su deuda.
Con la entrada de la compañía en liquidación, el consejo de administración cesó y la administración concursal, encargada a Arraut y Sala Reixachs, asumió en exclusiva la defensa de los intereses de los acreedores y accionistas. Esta parte alega que la rescisión se ha producido por causas ajenas a su gestión y, por lo tanto, exige una compensación, que en un primer momento se estimó, en función del valor de los activos, en unos 450 millones de euros.
Sin embargo, la visión de los hechos por parte de los concedentes –España y Francia– es diametralmente opuesta. Según el texto de la resolución, TP Ferro, a causa de la liquidación, ha incumplido el contrato. Pero, si lo anterior no fuera suficiente, se acusa a la empresa “de no haber cumplido con su obligación de informar” a las administraciones públicas respectivas de lo que estaba pasando. También se dice que la concesionaria no cumplió con su obligación de “garantizar la financiación” de la empresa a pesar de que en el 2011 ya anticipaba previsiones de tráfico muy inferiores a las de su oferta y a las de su plan de financiación”.
A pesar de eso, tal como acusan España y Francia, TP Ferro “nunca emprendió ninguna acción concreta y seria” para enderezar la situación y “evitó pedir a las entidades financieras una moratoria” hasta que ya fue tarde. El escrito sube de tono y llega a decir que la empresa actuó con una “ligereza culpable”, “solo fingió emprender negociaciones”, intentó “salvar las apariencias” con una propuesta final imposible de ser aceptada y, en suma, se puso de manifiesto su “falta de seriedad”.
El problema de fondo, añade el texto, es que “en todo momento, el concesionario evita asumir el riesgo de tráfico”, que imputa a los Estados. Por si todo lo anterior no fuera bastante, el texto de la resolución sugiere al final que TP Ferro puede haber incurrido en falsedad contable por “no aplicar en sus cuentas ningún deterioro del valor de los activos (...), lo que conllevó que no se mostrara la situación de forma realista”. En consecuencia, se declara la resolución del contrato por “graves incumplimientos” y se avisa de dos cosas: la retención de las garantías y la realización de un cálculo para la liquidación de la concesión por culpa del gestor. Es decir, que España y Francia descartan pagar a TP Ferro. El caso se decidirá en un arbitraje internacional.
El escrito de resolución del contrato ve falta de voluntad de TP Ferro en afrontar su situación real