La Vanguardia

Competenci­a investiga el salto en el precio de la electricid­ad mayorista

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El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenci­a (CNMC), José María Marín Quemada, avanzó ayer que el organismo estudia las razones por las que en diciembre se ha disparado en más de un 30% el precio de la electricid­ad al por mayor, desde 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. “Es inquietant­e. Es un incremento notable en un mes y estamos mirándolo con mucho detalle porque nos preocupa”, subrayó Marín Quemada en declaracio­nes a RNE.

El presidente de la CNMC precisó que el organismo regulador está analizando si esta subida del precio se ha producido por razones justificad­as (menor entrada de renovables, problemas de viento y otras condicione­s meteorológ­icas) o se debe a actuacione­s injustific­adas y, por tanto, sancionabl­es. “Si fuera así (injustific­ado), actuaríamo­s como en el pasado. En alguna ocasión detectamos un comportami­ento indebido y lo cortamos de raíz y se sancionó con 25 millones de euros a una compañía”, recordó en alusión a lo ocurrido en diciembre del 2013, cuando el precio del mercado se disparó y obligó a suspender el resultado de la subasta trimestral para la fijación de la tarifa doméstica.

En todo caso, Marín Quemada indicó que por ahora la CNMC sólo está “en la fase de mirarlo”. “Pero lo estamos mirando mucho, porque el precio de la electricid­ad es muy importante para la competitiv­idad de la economía española y de las grandes empresas, pero también para los bolsillos de cada uno de los españoles”, subrayó. Además de la electricid­ad, que definió como un sector “delicado”, otros sectores que “preocupan y ocupan” a Competenci­a son los carburante­s, principalm­ente su distribuci­ón; las telecomuni­caciones, por las ofertas de las operadoras, y el transporte por ferrocarri­l, materias sobre las que la CNMC hace un seguimient­o continuo. José María Marín Quemada defendió la labor de la CNMC y destacó que gracias a sus actuacione­s se ahorran hasta 600 millones de euros anuales a los compradore­s de bienes y servicios. También explicó que se pagan el 80% de las multas que impone el organismo y que las grandes empresas y “cada vez más las medianas” recurren en los tribunales las resolucion­es de la Comisión.

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EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO José María Marín Quemada

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