Aprobada por unanimidad la ley catalana antidesahucios
oeLa legislación sortea los artículos que suspendió el TC por invadir competencias oeTodos los partidos apoyan la norma, si bien la PAH la ve insuficiente
El Parlament ha aprobado prácticamente por unanimidad una nueva ley antidesahucios que sustituye los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) de la ley 24/2015, impulsada por la PAH. Los jueces suspendieron tres puntos de aquella norma por invasión de competencias y la Cámara catalana ha elaborado otro texto que, ahora sí, no correría riesgo de ser impugnado porque se ajustaría a la legalidad, aseguró ayer la consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, tras su paso por el pleno del Parlament.
La ley contó con los votos favorables de los grupos en casi todos los puntos –Ciutadans y el PP se abstuvieron o votaron en contra de unos pocos apartados, pero apoyaron la mayoría de la norma–. Para su redactado se ha contado con la colaboración del propio Govern, de las entidades municipalistas, de ayuntamientos como el de Barcelona o de entidades del tercer sector y la PAH. Estos tres últimos, sin embargo, tacharon de “insuficiente” el articulado final.
El nuevo texto se ha tramitado por vía de urgencia, en tan sólo seis meses, y establece mecanismos alternativos para proteger a las persoeuros nas en riesgo de perder su vivienda por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. También introduce, aunque no regula, el concepto de “alquiler abusivo” y propone desarrollar una ley específica en un periodo máximo de nueve meses.
Los diputados Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot ) y Joan Garriga (CUP) lamentaron que la ley de Derecho a la Vivienda no aborde ya el alquiler abusivo, tal y como solicitaron sus respectivos grupos a través de una enmienda conjunta. El diputado de Junts pel sí Marc Solsona señaló al respecto que esta regulación debe prepararse de forma separada para que cuente “con todas las garantías”.
La ley de Derecho a la Vivienda modifica algunos aspectos de los apartados suspendidos por el TC. Es el caso, por ejemplo, de la mediación en caso de conflicto entre fami- lias en riesgo de pérdida del piso y las entidades bancarias. En la ley 24/2015 era obligatoria la intermediación de un juez. Ahora, en cambio, se crea una comisión de Vivienda en la que participarán abogados, las administraciones locales y los servicios sociales para aportar soluciones si hay desavenencias o problemas entre las partes. Los dictámenes de esta comisión no serán vinculantes, pero el Govern espera que sirvan de mecanismo de presión para llegar a acuerdos entre familias y bancos.
Otro de los cambios destacados afecta a la expropiación de pisos. La ley 24/2015 preveía la cesión obligatoria de pisos vacíos en manos de entidades financieras. La nueva ley establece que estas viviendas han de llevar como mínimo dos años sin inquilinos para pasar su uso a manos de la administración. La obligación de ofrecer alquiler social para realojar a familias sin recursos sine die, recogido en uno de los artículos suspendidos por el Constitucional, también ha sido sustituida. La ley de Derecho a la Vivienda crea un sistema para acoger a las familias durante un periodo máximo de tres años ampliable a tres, y no indefinidamente como antes.
Entre las novedades está también la memoria económica, con una partida prevista de 14 millones de que asumirán a partes iguales Govern de la Generalitat y Ayuntamientos. Los siete millones responsabilidad del Ejecutivo están previstos en el proyecto de ley de presupuestos del 2017, en fase de tramitación parlamentaria. Esta cantidad se destinará a expropiar pisos –está previsto adquirir unas 2.000 viviendas–. La norma también amplía de 72 municipios a 234 los incluidos en la lista de demanda acreditada de alquiler social, con lo que más ayuntamientos podrán recaudar el impuesto sobre viviendas vacías. De esta manera, el Govern espera ingresar 20 millones de euros que destinará a políticas de vivienda.
Estos cambios no han gustado a la PAH, que ha calificado la nueva ley de poco ambiciosa. “Está lejos de la
La PAH y el Ayuntamiento de Barcelona califican el texto de “poco ambicioso”
ley 24/2015”, señaló ayer su portavoz, Carlos Macías. La PAH critica que se ha pasado a una norma voluntarista, que deja a la banca decidir si aplica ciertas normas de protección de familias en riesgo de exclusión, además de calificar de “insuficiente” la partida económica.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha lamentado que no se haya regulado ya el alquiler abusivo, mientras que la Taula del Tercer Sector valora el “avance” que supone la nueva ley, pero alerta de que quedan “retos” por delante.