Los nuevos asesinatos reactivan el pacto contra la violencia machista
Empieza el año, se suceden las felicitaciones y los buenos deseos pero la dura realidad de miles de mujeres, víctimas de la violencia machista, sigue ahí, invariable y sin dar una pequeña tregua. El asesinato de dos mujeres en las primeras horas del 2017 ha obligado a la clase política a que su primer compromiso del nuevo año sea conseguir un pacto de Estado contra la violencia machista, un acuerdo en el que se debe a empezar a trabajar en los próximos días y que debería estar perfilado antes de que llegue el verano, tal y como se han comprometido los grupos parlamentarios representados en el Congreso.
Ayer mismo, lo recordaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en Twitter: “Una nueva vida arrebatada por la violencia machista. El Pacto de Estado contra #ViolenciaGénero es una necesidad urgente. Ellas lo necesitan”. En los mismos términos se manifestó el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, tras conocer el primer feminicidio de este año.
Pocas horas después de comenzar el 2017, una mujer de 40 años se convirtió en la primera víctima de la violencia machista tras ser asesinada con arma blanca por su pareja, un varón colombiano de 20 años, en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. La orden de alejamiento que pesaba sobre el presunto asesino desde noviembre lo calificaba de “bajo riesgo”, a pesar de que la víctima le había denunciado y que tenía antecedentes, según el Ayuntamiento de Rivas, que va a analizar las 79 órdenes de alejamiento que existen en la localidad para proteger eficazmente a las mujeres.
A esta muerte podría sumarse, aunque todavía está en investigación, el fallecimiento de una mujer peruana de 24 años que se precipitó desde el cuarto piso de un edificio en el madrileño distrito de Hortaleza, hecho por el que hay detenido un hombre como principal sospechoso. En este segundo caso la Policía Nacional investiga la relación entre la mujer y el hombre que fue detenido en el piso. Este está acusado por el momento de quebrantar una orden de alejamiento que tenía sobre otra mujer que fue su pareja. Por esta orden tenía prohibido estar en una determinada zona del distrito de Hortaleza, que estaba quebrantando porque el piso del suceso estaba en ese área.
Uno de los asuntos que se debatirá en la subcomisión que se ha creado en el Congreso para alcanzar el pacto de Estado es, precisamente, la protección que se está dando a las mujeres amenazadas. La primera víctima del año había sido considerada como de bajo riesgo en la escala que realiza la policía tras la denuncia. Esta mujer no contaba con ningún tipo de protección, salvo la orden de alejamiento que fijó el juez. Hace unos días, el ministro del Interior reconocía el fracaso de los protocolos de evaluación del riesgo y la necesidad de modificarlos estableciendo las medidas de protección adecuadas, en esta ocasión, según la opinión de los expertos. Actualmente, casi 4.000 mujeres (la mayoría de entre 31 y 45 años) cuentan con vigilancia policial: las de riesgo medio, de manera “ocasional y aleatoria del domicilio, así como de la entrada y salida de los centros escolares de los hijos”; en las de riesgo alto, la vigilancia se convierte en “frecuente”; en las de extremo riesgo, es “permanente” junto a un “control intensivo de los movimientos del agresor”, según establece la instrucción dada por Interior en julio pasado.
Otra de las cuestiones que debatirá en esa subcomisión es la dotación presupuestaria para acabar con esta lacra. En el 2015, la Comunidad de Madrid, lugar en el que se ha registrado un asesinato por violencia machista y otro está en estudio, no ejecutó el 25% de la partida destinada a este fin. Es decir, el Gobierno madrileño dejó de gastar 5,6 millones.
La valoración del riesgo de la mujer asesinada en Rivas era baja, pese a la denuncia y la orden de alejamiento