Valeri Zorkin
PRES. DEL CONSTITUCIONAL RUSO
El Tribunal Constitucional ruso, que preside Valeri Zorkin, ha autorizado al Estado a desacatar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le ordenó pagar 1.900 millones a los accionistas de la petrolera Yukos.
Para Rusia, la sentencia viola su Constitución, pero el Consejo de Europa le recuerda su obligación de acatar
En una polémica resolución que plantea un choque de jurisdicciones, el Tribunal Constitucional de Rusia autorizó ayer al Estado a no pagar casi 1.900 millones de euros a los antiguos accionistas de la desmantelada petrolera Yukos, como sentenció en el 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como señaló su presidente, Valeri Zorkin, es la primera vez en la historia que el Constitucional ruso no está de acuerdo con una sentencia de la corte de justicia de Estrasburgo. Rusia firmó en 1996 la Convención Europea de Derechos Humanos, reconociendo por tanto al tribunal europeo como última instancia judicial y comprometiéndose a cumplir sus decisiones. En el 2015 el Constitucional, que tiene su sede en San Petersburgo, resolvió que Rusia puede no acatar lo que diga Estrasburgo en casos excepcionales.
El Tribunal decidió ayer que la sentencia del 2014 es excepcional. “La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos viola el espíritu de la Constitución”, dijo Zorkin. Por este motivo, el Constitucional decidió que la sentencia “no se puede ejecutar”.
El 31 de julio de 2014, los jueces de Estrasburgo se pronunciaron sobre la queja presentada por un grupo de antiguos accionistas, obligando a Rusia a pagarles una compensación por daños materiales de 1.866 millones de euros.
Yukos fue declarada en bancarrota en 2006 debido al impago de grandes cantidades de dinero en forma de impuestos. Según el Ministerio de Justicia, entre el 2000 y el 2003 el Estado ruso dejó de ingresar 10.500 millones de dólares. El principal accionista y fundador era el oligarca Mijaíl Jodorkovski, condenado por varios delitos económicos a catorce años de prisión, de los que cumplió diez. El proceso contra Jodorkovski y sus socios terminó con la expropiación de la compañía. Él y sus seguidores sostienen que el objetivo de las autoridades era quedarse con la petrolera debido a su oposición política al Kremlin.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional de Rusia señala que “el pago a los accionistas de la compañía de una suma sin precedentes del sistema presupuestario, el cual no recibió de aquella un enorme pago de impuestos, necesario para cumplir sus obligaciones públicas ante los ciudadanos de Rusia, contradice los principios constitucionales de igualdad y justicia”.
El Ministerio de Justicia ruso dijo estar satisfecho con lo dictado. “Pero creo que este es un mecanismo excepcional. Con una gran cantidad de sentencias de Estrasburgo, el Ministerio de Justicia sólo ha recurrido en dos ocasiones. Y eso sucedió en los casos en los que entraba en contradicción directa” con la Constitución, dijo el viceministro Gueorgui Matiushkin, quien representa a Rusia en Estrasburgo.
El Consejo de Europa mostró ayer su preocupación por la posición rusa. “Los países miembros del Consejo de Europa están obligados a cumplir las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la aplicación de las decisiones del tribunal de Estrasburgo. Estamos examinando la decisión del Tribunal Constitucional y haremos pública nuestra posición en el momento adecuado”, dijo en un comunicado oficial Daniel Höltgen, portavoz de la secretaría general de la corte.