Derecho a votar
Los jueces suelen dictar sentencias que revocan el sufragio automáticamente
La Generalitat quiere facilitar el derecho a voto a las personas incapacitadas.
¿Usted sabe quién es el presidente del Gobierno? ¿Y el presidente de la Generalitat de Catalunya? ¿Sabe qué función tienen los partidos políticos? Todas estas preguntas fueron formuladas por un médico forense y un juez durante la entrevista que le hicieron a Dolors Torrents, de 47 años, una persona incapacitada que quería recuperar el derecho al voto.
Dolors fue incapacitada judicialmente a petición de sus padres para protegerla después de que le estafaran en varias ocasiones. La incapacitación le restringió automáticamente el derecho al voto.
Para evitar que esto pase, el Departament de Justícia de la Generalitat impulsa un cambio legal, a través del Código Civil de Catalunya, para que los jueces se pronuncien expresamente sobre la facultad de ejercer el voto en cada caso individual de incapacitación.
Se da respuesta así a una reivindicación de las entidades que velan por los derechos de las personas con discapacidad para evitar que el derecho al voto les sea anulado de forma automática al dictar la incapacitación. La propuesta será aprobada por el Parlament el mes que viene junto al sexto y último libro del Código Civil de Catalunya.
“En el 2013 hice un curso de derecho para discapacitados intelectuales, me di cuenta de que se me negaba un derecho y decidí recuperarlo”, dice Dolors Torrents. Cinco días antes de las pasadas elecciones, una sentencia le dio la razón y llegó a tiempo para votar el 20-D. La mujer recuperó el derecho al sufragio 13 años después de que le fuera revocado. Sin embargo, para ello, tuvo que someterse a un examen .
“A nadie se le pregunta si sabe votar –explica Rosa Cadenas, presidenta de Dincat, entidad que trabaja para la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad intelectual–. Los ciudadanos votan y no tienen que demostrar nada. Esto no es una cuestión de capacidad sino de derechos”.
Xavier Puigdollers, abogado especialista en derechos de personas de especial protección, asegura que “es una práctica habitual que cuando los jueces incapacitan a una persona la inhabiliten para todo”. Durante mucho tiempo se hizo por inercia, aunque ahora la situación está cambiando. El abogado asegura que “los jueces han ganado en sensibilidad” desde que en el 2006 la Convención de las Naciones Unidas instara a los estados a “garantizar la participación de los discapacitados en la vida pública”. “Una cosa es que la persona no tenga capacidad de gestionar el dinero pero otra cosa son los aspectos más íntimos de la vida ordinaria. Los jueces deben hacer distinciones. Se les debe incapacitar de aquello que les pueda perjudicar. El voto no les perjudica sino que los iguala a los demás”.
La entidad Dincat ha iniciado una campaña de concienciación para que se dicten sentencias de incapacitación individualizadas con el objetivo de acotar la “capacidad de obrar” de cada persona, teniendo en cuenta todos los aspectos de su vida. El Gobierno central también trabaja para incluir esta cuestión en la reforma de la ley electoral.