El Govern y los ayuntamientos se alían para acabar con la pobreza energética
Las principales administraciones catalanas, lideradas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentaron ayer una propuesta consensuada de convenio para que las empresas suministradoras de servicios básicos que todavía no lo han hecho se sumen a la lucha contra la pobreza energética, tal como prevé la ley 24/2015. Asimismo, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las cuatro diputaciones, la Federació Catalana de Municipis y la Associació de Municipis acordaron la puesta en marcha de un protocolo para evitar que se produzcan cortes de suministro a las personas vulnerables.
El president Carles Puigdemont destacó que este acuerdo “representa el compromiso de que ninguna persona pase frío ni se vea privada de los servicios básicos”, a la vez que lamentó el inotros, cremento de las tarifas de electricidad el miércoles y ayer, los días más gélidos de este invierno. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó a las críticas a las compañías, “que tienen beneficios multimillonarios y que suben los precios de manera desproporcionada en plena ola de frío”.
La propuesta de convenio establece que las empresas asuman diferentes compromisos, entre que informen a los usuarios de todos los derechos que tienen y que antes de proceder a un corte por impago de los recibos se dirijan a los servicios sociales municipales para verificar si el cliente en cuestión está en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, se prevé que las suministradoras de gas y de electricidad asuman como mínimo el 50% del coste de la pobreza energética en Catalunya a través de medidas como la aplicación de tarifas sociales, la condonación de deudas o las aportaciones económicas directas. Otros puntos que recoge el documento es la obligación de que promuevan el bono social y que adapten su servicio a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión residencial, con medidas como la realización de auditorías energéticas gratuitas y la optimización de la potencia contratada. También deberán comprometerse a entregar a los servicios sociales un listado mensual de las personas con facturas impagadas y los cortes de suministro efectuados.
En el marco de este acuerdo, la Diputación de Barcelona anunció ayer que ayudará a 4.000 familias en riesgo de pobreza energética a mejorar su eficiencia rebajando su gasto en suministros básicos.
La Taula del Tercer Sector Social evaluó positivamente el acuerdo alcanzado ayer entre las diferentes administraciones catalanas pero reclamó al Govern que convoque a las empresas suministradoras antes del próximo 1 de marzo.
Por el contrario, la Alianza contra
Las entidades sociales piden a la Generalitat que convoque a las eléctricas antes del 1 de marzo
la Pobreza Energética (APE), integrada, entre otras entidades, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, considera que esta propuesta llega tarde, 16 meses después de la aprobación de la ley 24/2015, y que la responsabilidad de las empresas “no está clara”. La APE duda de que el pacto permita proteger a los afectados con amenazas de corte sin tener que negociar cada caso particular.