El TS sienta en el banquillo a Homs por prevaricación y desobediencia
El portavoz del PDECat ya no puede renunciar al fuero aunque deje el escaño
Ya no hay posible marcha atrás. Francesc Homs será juzgado por el Tribunal Supremo (TS) en relación con su labor para llevar a cabo la consulta del 9-N. Los delitos que se le imputan son los de prevaricación y desobediencia, y el fiscal pide que se le condene a 9 años de inhabilitación para cargo público. Ante el auto, Homs puso ayer en duda la “imparcialidad” del Supremo y dijo que el Estado no logrará “intimidar” a los catalanes que quieren que se convoque un referéndum.
En cuanto al proceso, a partir de ahora, aunque el hoy portavoz del PDECat en el Congreso renunciara al escaño, tendría que sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. En ningún caso podría ser juzgado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJM), junto a los otros tres acusados por el mismo tipo de hechos, el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau.
La imposibilidad de la vuelta atrás es consecuencia del auto que el juez instructor del proceso, Andrés Palomo, dictó ayer tal y como anticipó La Vanguardia. Dicha resolución es el auto de apertura del juicio oral. Se trata de la decisión que determina que Homs deberá responder ante dicha instancia en virtud del fuero que la Constitución otorga a los parlamentarios. La Sala Penal del Supremo estableció, ya en el 2014, que una vez abierta la fase de juicio oral, el abandono del escaño no cambia la situación procesal del imputado a efectos de qué instancia debe juzgarle.
En cuanto a los hechos de los que se acusa a Homs, el citado auto recoge, en esencia, las imputaciones que formuló la Fiscalía en su escrito de conclusiones el pasado 29 de diciembre. El fiscal encargado del caso, Jaime Moreno –en un relato compartido y asumido a grandes líneas por el juez instructor– considera que Homs actuó “de común acuerdo” con Mas, Ortega y Rigau, y todos ellos articularon “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión (del 9-N) acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día que se dictó, el 4 de noviembre del 2014”.
Esta mención a la actuación de consuno tiene especial interés porque refleja una preocupación que siempre ha estado presente en las actuaciones judiciales en torno al 9-N. Y es el deseo de que exista un único relato, o al menos una descripción coherente, sobre lo ocurrido en aquella fecha y sus consecuencias penales. Dicho con toda claridad, el deseo común de los jueces que han entendido de los procesos abiertos por el 9-N es que la respuesta judicial que se dé a las querellas interpuestas por la Fiscalía no desemboque en sentencias contrapuestas o que no encajen.
Los hechos concretos atribuidos a cada acusado tienen sus correspondientes matices, no son idénticos. Pero la calificación jurídica hecha hasta ahora –prevaricación y desobediencia-, sí lo es. No se quiere, en suma, que haya procesos judiciales divergentes. Y de ahí, en parte, el ritmo sostenido que el Supremo ha dado a la investigación sobre Homs, cuyo juicio podrá tener lugar a finales de febrero o primeros de marzo, no muy distante en el tiempo, por tanto, del que empezará en el TSJ de Catalunya el próximo 6 de febrero. Las sentencias, en suma, podrían producirse casi en paralelo en ese arco de fechas.
La defensa de Homs tiene a partir de ahora diez días para presentar su escrito de conclusiones y proponer pruebas de cara al juicio oral. El exconseller de Presidència actuará en un doble plano, procesal y político. El primero es obligado y el segundo responde a su convicción de que éste es un asunto en el que no sólo se dirime una controversia jurídica, sino que responde a un conflicto de naturaleza política.
Por los sucesivos escritos y autos del fiscal y del magistrado instructor, Homs ya sabe que se le acusa fundamentalmente de haber impulsado durante los días 7 y 8 de noviembre del 2014 la realización de “tareas esenciales relacionadas con la infraestructura informática diseñada para que la votación (del 9-N) pudiera tener lugar”. Y la intervención de Homs fue “crucial” para que la empresa T-Systems, que consultó sobre la continuidad de dichas tareas técnicas y sobre su encaje legal, siguiera organizando los programas informáticos precisos para la consulta. De todo ello deberá responder Homs ante el Supremo.
JOSÉ MARÍA BRUNET La celeridad dada al proceso por el Supremo puede facilitar que su sentencia y la del juicio a Mas lleguen en paralelo