Multa de 60 millones por dar por buena la prótesis PIP
30.000 mujeres llevaron los peligrosos implantes de mama
La compañía alemana TÜV, que certificó la calidad de los peligrosos implantes mamarios PIP, retirados hace 7 años por contener una silicona industrial, con gran riesgo de rotura y consecuencias peligrosas para la salud de las mujeres operadas, deberá pagar 60 millones de euros a 20.000 demandantes. Así lo decidió ayer en Francia el Tribunal de Comercio de Toulon que estableció una condena solidaria a pagar entre la empresa de control alemana y su filial francesa, que deberán abonar a cada una de las partes 3.000 euros a modo de provisión.
La compañía Poly Implant Prótesis (PIP), cuyo fundador, JeanClaude Mas, fue condenado a cuatro años de prisión en mayo del 2016, fabricó durante varios años implantes mamarios con un gel que violaba las normas de seguridad sanitaria y con certificaciones engañosas por parte de TÜV. En la condena se advierte de que si la empresa controladora hubiera hecho bien su trabajo se podría haber evitado tamaño fraude. Jean-Claude Mas llegó a reconocer que había empleado “conscientemente un gel no homologado” porque era más barato y que era “fácil” engañar al organismo que tenía que certificar las prótesis y que resultaba una tarea cotidiana: “Yo daba orden de ocultar cualquier documento con rastro del gel PIP sin homologar y, en cuanto a los contenedores, los empleados se las arreglaban para hacerlos desaparecer”. Creía, además, que quienes le denunciaban, a pesar de que hubo sospecha de 18 casos de cáncer de mama relacionados, lo hacían “para obtener la pasta”.
El caso lleva años en los tribunales y aún quedan pendientes numerosas denuncias, sobre todo procedentes de Sudamérica, a cuyas clínicas fueron a parar muchas de las piezas fraudulentas. Alemania, el Reino Unido y Chile, además de España y Francia, recomendaron en el 2010 y el 2011 que las mujeres que portaban estas prótesis pidieran a sus cirujanos la retirada de las mismas por el riesgo que representaban.
En España el problema afectó a nada menos que 18.500 mujeres, 501 de ellas en Catalunya. El 70% de las que se fueron quitando en los años siguientes tenían roturas, lo que supone que el gel de silicona industrial migraba a otras partes de l cuerpo y creaba bultos y encapsulamientos, con el consiguiente peligro para la salud de las afectadas. Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad solo cubrían económicamente aquellas que se llevaron a cabo en la sanidad pública, básicamente reconstrucciones mamarias tras una mastectomía por un cáncer, y las que se encontraron con la desaparición de la clínica privada que le había atendido. El resto debían cubrirlo las clínicas.