Catalunya, 2017
Uno. La política catalana vendrá definida durante el 2017 por tres hechos: 1) No habrá referéndum pactado ni unilateral. 2) No habrá independencia. 3) No habrá choque de trenes, si se da a esta expresión el alcance de un enfrentamiento balcánico. Habrá manifestaciones y movilizaciones, con posibles y esporádicos episodios de confrontación de gravedad imprevisible. Los juicios contra varios líderes secesionistas serán su caldo de cultivo.
Dos. Las causas de este triple “no” son dos: la división de la sociedad catalana, respecto al tema de la independencia, en dos partes iguales, y la falta de respaldo internacional a una hipotética secesión catalana.
Tres. Esta división es evidente, sostenida e indiscutible, y hace imposible forzar una negociación para la independencia y, menos aún, para una proclamación unilateral de esta. Se trata de una mera división política, que no implica una fractura social perturbadora de la convivencia. Es cierto que las instituciones autonómicas y buena parte de los medios catalanes están en manos de independentistas, pero lo mismo ocurre, en sentido contrario, con las instituciones del Estado y los medios del resto de España.
Cuatro. La falta de respaldo internacional al intento secesionista catalán ha sido confirmada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, contraria a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Baviera. En esta línea, es prudente pensar que, en contra de la creencia-deseo de los independentistas catalanes acerca de que los estados son estructuras obsoletas próximas a desplomarse, hay estados para rato. La razón estriba en que los estados son en esencia un sistema jurídico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia y en la seguridad. Y, dado que el espacio global carece hoy de una mínima regulación que garantice la justicia y la seguridad, los pueblos –en especial sus miembros más débiles– vuelven sus ojos hacia los estados en busca de protección. Los estados, además, sólo negocian con otros estados.
Cinco. Los “no” que marcarán la política catalana en el 2017 no deben hacer pensar al Gobierno central que ha ganado la partida y que el movimiento secesionista se diluirá como un azucarillo. No. El independentismo ha venido para quedarse. Responde a la fuerte convicción sentida por muchos catalanes –no sólo por los independentistas– de que Catalunya es una comunidad humana con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno (autogestión de los propios intereses y autocontrol de los propios recursos). Es más, la pasividad gubernamental agrava el problema y propicia que el equilibrio entre independentistas y unionistas se erosione a favor de aquellos. La gestión gubernamental del problema catalán (que es el problema español de la estructura territorial del Estado) ha sido, hasta hoy, pasiva y errada. No es, por tanto, tiempo de dogmáticos y escépticos, ni de bizarros que saquen pecho de hojalata.
Seis. Los independentistas sienten tal desdén por todo lo hispánico, por España y por el Estado que la articula jurídicamente, que muchos de ellos creen que lograr la independencia será cosa de nada, dependiendo sólo de su querer. Olvidan que, pese a sus defectos, España es una vieja nación con una mala salud de hierro, ni mejor ni peor que otras, cuya inercia –la voluntad de seguir siendo– no puede minusvalorase. Hay que contar con ella. Sobran, por tanto, los tenores, los jabalíes, las vestales y los zascandiles.
Siete. Sólo hay una salida: la convocatoria de elecciones autonómicas. Su resultado es previsible: ganará Esquerra, que podrá formar gobierno coaligándose con otros dos partidos (uno será, tal vez, el de los comunes; el otro es imprevisible). En cualquier caso, este resultado supondrá la victoria de uno de los dos grupos sociales (del menestral sobre el burgués) que, por debajo del debate independentista, han venido luchando por el poder en Catalunya. Oriol Junqueras será el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya y, siendo un político reservón como es (dícese reservón, en la jerga taurina, del toro tardo en arrancarse pero que, cuando lo hace, embiste con fuerza y peligro), puede que sea propicio a un pacto con el Gobierno central, siempre que este vaya más allá de una oferta de diálogo incolora, inodora e insípida, y se faje con una realidad que no puede eludir más y que cabe concretar en una quíntuple demanda catalana: 1) Reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya. 2) Competencias identitarias exclusivas. 3) Tope a la aportación al fondo de solidaridad (principio de ordinalidad) y Agencia Tributaria compartida. 4) Participación en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general a través del Senado. 5) Consulta a los catalanes sobre si aceptan estas reformas.
Ocho. Esto no exige una reforma constitucional de cuajo. Buena parte puede lograrse –como dice Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón– por medio de una disposición adicional. El problema es querer.
No habrá referéndum pactado ni unilateral; no habrá independencia; no habrá choque de trenes