Los cazadores irán a juicio contra el asesino confeso de dos agentes rurales
Al menos cuatro entidades han anunciado que ejercerán la acusación popular contra Ismael Rodríguez Clemente, el homicida confeso de dos agentes rurales. Las asociaciones que se sumarán a la acción pública del ministerio fiscal son la Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de Caza, que dicen actuar “en representación de todos los cazadores federados de España”. También se sentará en el estrado de los acusadores el abogado de la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya, que ha anunciado su intención de que la condena “sea lo más alta posible”. A esta acusación se sumará también la de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. En el supuesto de que las familias de las víctimas decidan ejercer la acusación particular, este podría ser uno de los crímenes con más acusadores de la historia reciente de Catalunya.
El homicidio de los dos agentes ha causado una profunda conmoción y ha motivado incluso un cambio de reglamentación. Desde ayer, los agentes rurales deben llevar un arma y un chaleco antibalas en los controles de caza. Una de las asociaciones profesionales que irá a juicio contra el autor del doble crimen confía en que se trate de una medida “transitoria”, tomada en caliente por el pesar ocasionado por unos sucesos muy trágicos, pero que no pueden hacer olvidar “que no hay suficientes agentes ni medios”.
Ismael Rodríguez Clemente ingresó en prisión sin fianza el pasado miércoles por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida. Algunas fuentes judiciales apuntan a que el acusado podría ser condenado a 57 años de prisión si es hallado culpable de dos delitos de asesinato (25 años cada uno), dos de atentado (tres años cada uno) y uno de tenencia ilícita de armas (un año). Pero otras fuentes recuerdan que la justicia no es una ciencia exacta ni matemática. En primer lugar, la sentencia deberá dirimir si se trató de asesinatos o de homicidios, es decir, de crímenes sin agravantes como la premeditación o la alevosía. Sin duda alguna, la defensa del cazador –que no tenía la licencia de su escopeta en vigor, de ahí la posible acusación de tenencia ilícita de armas– usará esta vía y todas las eximentes que pueda, incluida la enajenación mental transitoria. El acusado telefoneó al 112 dos horas después de los crímenes, pero a partir de ahí su colaboración con la justicia ha sido escasa. El cazador argumenta que “no recuerda nada de lo ocurrido” y que actuó por “actos reflejos”.