La fábula del juez Vidal
Aveces los relatos delirantes intentan ofrecer respuestas a incógnitas a las que no se ha encontrado solución a través de las herramientas habituales del debate racional y que abruman o flotan en el ambiente social. Esta podría ser una explicación, en términos objetivos ya que los subjetivos forman parte de otro ámbito, para varias de las desternillantes fábulas desarrolladas por el juez Santi Vidal en sus conferencias por varias localidades catalanas. Vidal encontró sus peculiares respuestas mágicas para resolver tareas muy complejas que, o bien no han recibido respuestas políticas realmente operativas, o simplemente se han obviado.
El primer ejemplo, tal vez el más claro, es el del inaudito robo de todos los datos fiscales de los catalanes. El adjetivo indefinido, todos los datos, lleva a pensar no en los que están en manos de la agencia catalana, sino en los que forman parte del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro.
Los especialistas en la materia señalan de manera ampliamente mayoritaria que la creación de una nueva Agència Tributària Catalana que asuma la gestión de las relaciones fiscales de los ciudadanos y empresas con un hipotético nuevo estado catalán y que asegure una recaudación con un éxito mínimo razonable requiere un acuerdo político con el organismo que ahora centraliza toda la información, es decir, la actual Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Lo dicho no debe interpretarse como la imposibilidad de crear una nueva agencia catalana sin esos datos. Pero sin un acuerdo que permita el acceso a los datos, la nueva estructura de gestión del fisco catalán tardaría mucho tiempo, años o décadas, dependiendo de la opinión del fiscalista al que se pregunte, en ser operativa de acuerdo con los estándares de la actual AEAT o de los organismos equivalentes en Europa. Sobre todo, para financiar las actividades de un Estado con decenas de miles de funcionarios y responsabilidades de todo tipo, desde las asistenciales primarias a las de inversión a largo plazo.
Si un ente de nueva creación debiera partir de la información de la que ahora dispone la agencia catalana gracias a sus competencias de gestión, estas se limitan a sus impuestos propios (ambientales, turísticos, superficies comerciales, cánones como el del agua y similares) y varios cedidos por el Estado, como transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones y patrimonio. La gestión de las grandes fuentes de ingresos fiscales del Estado, IRPF, IVA, especiales, no está compartida y sólo la AEAT conoce y centraliza esos datos. Aun contando con la complicidad de una parte significativa de la sociedad, reducir las bolsas de fraude y opacidad hasta un mínimo que no cuestione la sostenibilidad del Estado supondría un prolongado lapso de tiempo. El Govern de la Generalitat, y más concretamente la conselleria de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que dirige Oriol Junqueras, no han resuelto aún, por lo menos públicamente, ese dilema clave sobre la materia prima esencial de la administración tributaria y por lo tanto para precisar las ambiciones de la nueva agencia fiscal de Catalunya. Hasta el momento, sus argumentos parten de asegurar que gracias a los convenios en vigor el actual organismo catalán accede a los datos de la AEAT que necesita. Ese sería el punto de partida del futuro. Desde siempre, la Hacienda española ha replicado con el argumento de que esa colaboración se ciñe a los impuestos propios y cedidos a la Generalitat y que las consultas son específicas, referidas a casos concretos, y en ningún caso se produce un acceso abierto a las bases de datos de la AEAT. No hay entrada genérica ni posibilidad de volcado. El Estado protege sus tesoros y pocos son tan valiosos como los que atesora el fisco.
La construcción de una agencia tributaria con eficacia recaudatoria sostenida ha sido, en el caso español, un proceso largo, caro, técnicamente complejo y políticamente costoso. Entre la primera reforma de Francisco Fernández Ordóñez, allá por el año 1977, tras el fin de la dictadura franquista, hasta el actual gran hermano fiscal que controla casi todos los movimientos económicos de los ciudadanos y las empresas han pasado cuarenta densos años.
Por el camino, la misma creación de la AEAT, en 1992, de la mano del catalán Josep Borrell, entonces secretario de Estado de Hacienda. Una criatura que le dio un extraordinario brillo político pero que acabó truncándole la carrera al conocerse las andanzas suizas de Josep Maria Huguet y Ernesto Aguiar, dos íntimos suyos, altos cargos de la agencia de su máxima confianza, adalides de la lucha contra el fraude, y organizadores de sorpresivos peinados fiscales sobre tenderos y pymes, uno de los expeditivos métodos de acción empleados para convencer a los contribuyentes de que era mejor colaborar con el fisco antes que exponerse a ser descubierto de mala manera.
La increíble fábula de Santi Vidal resolvía, con la audacia propia de alguien que ya se siente muy cómodo en su papel de inventor, un problema que el debate político en Catalunya ha dejado de costado amparándose tras respuestas simples que sortean el corazón del problema.
El increíble relato del juez resolvía de forma mágica el problema de la creación de una agencia fiscal catalana