“La pobreza energética se está extendiendo por toda la ciudad”

ENTREVISTA A MARIA CAMPUZANO Portavoz de la Alianza contra la pobreza energética

¿Qué es la Alianza contra la pobreza energética?

Somos un movimiento social integrado por diferentes colectivos –como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asamblea de Parados, las asociaciones de vecinos, etc.–, que denunciamos el modelo de gestión de los suministros básicos, concentrado en muy pocas empresas, y trabajamos por el acceso universal a los servicios básicos de agua, luz y gas.

¿Qué tareas realizan en la entidad?

Presionamos a las empresas suministradoras para que cumplan la Ley 24/2015 y respeten los derechos de los ciudadanos, instamos a las administraciones a actuar y ofrecemos asesoramiento para transmitir a los ciudadanos que la pobreza energética es un problema colectivo que forma parte de un sistema que, tal como funciona, excluye a una parte de la ciudadanía.

¿Cuál es el perfil de los afectados?

Hay muchos grados: desde la persona que no puede pagar la factura, a la que la paga pero a costa de no encender la calefacción en todo el invierno. Los barrios más empobrecidos de la ciudad están más afectados, pero observamos que no es un problema que se concentre sólo en estos barrios, sino que se extiende por toda la ciudad.

¿Cuáles son los derechos energéticos de los ciudadanos?

Por ejemplo, la Ley 24/2105 garantiza que las compañías no pueden efectuar cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión residencial, y antes de efectuar un corte, la empresa suministradora debe solicitar un informe a los servicios sociales municipales. Por ello, si un ciudadano se encuentra en una situación de pobreza energética, lo primero que debe hacer es ir a Servicios Sociales; hay mucha gente a la que le cuesta, pero es clave porque si la compañía corta el suministro sin que lo haya comunicado a Servicios Sociales, hay un incumplimiento de la ley, y se puede denunciar.

¿Observan buena predisposición por parte de las compañías?

Desgraciadamente, éstas dan respuestas y aportan soluciones sólo cuando se las presiona. Si el ciudadano va solo, por su cuenta, no obtiene los mismos resultados que si lo acompañamos y ejercemos presión. También es cierto que, desde que se aprobó la Ley, la actitud de algunas compañías ha mejorado, pero aún queda mucho camino por recorrer.

¿Por ejemplo?

Algunas compañías han firmado convenios con ocho comunidades autónomas, pero no con Catalunya porque aquí consideramos que el pago de la factura de una persona vulnerable debe hacerse a partes iguales entre el ayuntamiento y la compañía suministradora, mientras que estas ocho comunidades están dispuestas a que sea la administración la que asuma el coste total de la factura.

¿Hacia dónde hay que avanzar?

En el caso de Catalunya, hay que aplicar bien la Ley 24/2015, firmar convenios con las compañías suministradoras para no tener que destinar recursos públicos a pagar facturas a unas empresas que tienen beneficios año tras año. La ley logra parar la emergencia, pero debemos ir más allá. Por ello consideramos necesario crear una ley estatal que incluya el principio de prevención, y hacer una tarifa social que vaya en función de la renta y que se convierta en una solución estructural.

“Hay que firmar convenios con las compañías para no destinar recursos públicos a pagar facturas”