Dos presidentes.
La política se adueña de la sala en la última sesión del juicio a Mas, Ortega y Rigau
El expresident Artur Mas convocó una rueda de prensa para analizar el juicio del 9-N acompañado de su sucesor en el cargo, Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat.
Emilio SánchezUlled, fiscal “Este juicio también es democracia”
“Aquí no se va a hablar de astucia, sino de arbitrariedad, que es el sinónimo de astucia en términos jurídicos”
“No juzgamos la voluntad popular”
Visto para sentencia, preparados para seguir la polémica. El juicio por el 9-N acabó ayer con una sesión en la que los argumentos políticos se enseñorearon de la sala, en un nuevo round de este crispado debate. “Este juicio también es democracia”, expresó el fiscal Emilio Sánchez-Ulled; “¿Cómo puede ser que para fortalecer la democracia el 9-N pueda ser delito?”, se preguntó Artur Mas en su último turno de palabra. Ahora le corresponde al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictar su sentencia, pero sólo una cosa está clara: sea cual sea, con ella ni se cerrará la herida ni terminará el problema; ni para unos ni para otros.
Es evidente que esta causa tiene dos vertientes: la jurídica y la política. El tribunal se va a centrar en la primera, pero ayer la segunda entró al galope en el Palau de Justícia, en el día de los informes finales y de las últimas palabras. El fiscal Emilio Sánchez-Ulled no esquivó el envite y salió al paso de la apropiación del concepto de democracia. “Este juicio también lo es”, afirmó, y añadió que “el Estado democrático es un conjunto de equilibrios contrapuestos y su funcionamiento permite vivir en un sistema de garantías. (...) Lo dramático es que este asunto es un torpedo a la línea de flotación del sistema que tenemos. No se puede contraponer democracia y Estado de derecho”.
Sánchez-Ulled reconoció que “es un juicio perturbador por la repercusión pública y mediática”, pero clarificó que él se ha dedicado a la “técnica jurídica rigurosa” y definió que “aquí no se va a hablar de astucia, sino de arbitrariedad, que es el sinónimo de astucia en términos jurídicos”. Y también puntualizó: “No podemos exigir lo mismo a un ciudadano de a pie que a un gobierno autonómico”.
La última palabra de los tres acusados, singularmente la de Artur Mas, también tuvo su fondo político: “No estamos aquí por desobedecer, sino por el éxito del 9-N”. Luego, al estilo del célebre Yo acuso de Zola, enumeró las cosas de las que se siente responsable, como haber oído a la gente de la calle, o liderar una actuación que contó con el respaldo del Govern, o renunciar a la presidencia de la Generalitat en favor del proceso. Responsable político, pero no culpable penal, porque no cree haber cometido delitos ni haber desobedecido al Tribunal Constitucional.
En el plano jurídico, SánchezUlled destacó que “aquí no se juzga la voluntad popular” y ase-Constitucional guró que la Generalitat estuvo tras el 9-N, rodeándolo de opacidad y enmascarándolo con los voluntarios. A su entender fue tan así que, para describir la actitud del Govern sobre el proceso recurrió al humorista Gila: “Parece que alguien ha convocado algo”. En su opinión, es claro que Mas conocía la prohibición del y que la desoyó.
El juicio ha terminado. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de dictar ahora sentencia, que se basará en criterios jurídicos, y no en la política. Esta es la realidad. Y es muy posible que el fallo, sea cual sea, no acabe gustando a nadie; cosa por otra parte muy común en el mundo de los tribunales. Decía un fiscal que el penal es la cirugía del derecho: se aplica cuando ya no quedan tratamientos. Pero no nos engañemos: el bisturí no curará el fondo del asunto. El 9-N está visto para sentencia, pero listo para continuar vivo en la polémica, porque conviene a muchos.