Los bares irán a los tribunales por la regulación de los porches
Un estudio de la UB, encargado por el Gremi de Restauradors, señala que el Ayuntamiento no tiene competencia para regular estos espacios
El Gremi de Restauració no está de acuerdo con la intención del Ayuntamiento de Barcelona de regular las terrazas situadas en los porches de la Boqueria y está dispuesto a llegar hasta los tribunales.
El gobierno municipal anunció el jueves que la ordenación de los porches del mercado de la Rambla la pactarán el distrito de Ciutat Vella y la dirección de la Boqueria, y que serán ellos quienes decidan el número máximo de veladores y los derechos y obligaciones que se deriven de las autorizaciones. El Gremi de Restauració no está de acuerdo y apuntala sus discrepancias con un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) que señala que estos espacios son de titularidad privada, por lo que el Consistorio no tiene competencias para intervenir. Tanto es así que hace unos días ya interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la regulación de la plaza Masadas en Sant Andreu, afectada por la misma casuística que los porches de la Boqueria.
De hecho, el gremio hizo llegar hace unos meses a la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, un escrito en el que se reflejan las conclusiones del estudio de la UB, elaborado por la catedrática de Derecho Administrativo Belén Noguera en octubre del 2016. Lo hizo en previsión del anuncio hecho el jueves por el Ayuntamiento. Los restauradores alertan de que si se lleva a cabo cualquier ordenación en este espacio, que consideran que pertenece a privados, interpondrán un recurso contencioso administrativo al igual que han hecho en la plaza Masadas. La aprobación definitiva de la ordenación singular de este espacio se aprobó hace unos días.
El informe elaborado por la UB señala que estos espacios sólo podrían ser utilizados si se hubiera constituido una servidumbre de hecho (prohibida por el Código Civil Catalán desde el 2013) o de derecho. De iniciarse este trámite y de salir adelante –tras negociaciones con los afectados o exposición de los motivos de una servitud forzosa para garantizar el paso– se constituiría un derecho real a favor del Ayuntamiento, que debería aparecer publicado en el inventario de bienes de las administraciones locales. Allí debería aparecer la finca afectada y la constitución de la servitud de paso, algo que comportaría una compensación económica al propietario que ha visto menguada su propiedad. El informe señala, asimismo, que tras analizar la legislación administrativa y civil, se puede concluir que la constitución de servidumbres exige un acto expreso e implica siempre una indemnización.
Esta situación, según el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, no se ha producido ni en la Boqueria ni en otros porches de la ciudad porque los titulares de estas propiedades son los privados. En la carta enviada a Gala Pin, y en la que más tarde se remitió a la alcaldesa Ada Colau, se exponían estos motivos y se reclamaba la exclusión de los porches del mercado de Ciutat Vella del proceso de ordenación singular.
Pallarols dice estar sorprendido de que los responsables municipales hayan hecho caso omiso a la documentación enviada por los restauradores. Recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona, en actos administrativos y documentos del distrito de Ciutat Vella que hacen referencia a la plaza Vicenç Martorell –en parte porticada–, reconoce la incapacidad de la administración para regular este espacio por ser de uso privado. El Gremi de Restauració espera ahora recibir respuesta a los escritos enviado a la concejal del distrito y a la alcaldesa.
Los restauradores ya han interpuesto un recurso por la normativa de terrazas de la plaza Masadas