La sentencia contra la adhesión de Reus a la AMI abre un nuevo frente
La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona que anula el acuerdo del ayuntamiento de Reus por el que decidió adherirse a la Associació de Municipis per la Independència abre un nuevo frente de batalla política e institucional.
El juez, en esta primera instancia, resuelve en su sentencia que la adhesión a la organización de municipios independentistas supera las competencias municipales. El juez, según la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe, considera “indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones locales de sostener la conveniencia, e incluso la necesidad de la independencia, de Catalunya” pero mantiene que “no pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen”.
Los argumentos que aplica el juez podrían ser aplicables a la mayor parte de los ayuntamientos adheridos y de ahí que además del propio Ayuntamiento de Reus, la Associació de Municipis per la Independència y el propio Govern en un comunicado hayan reaccionado en contra de esta decisión anunciando además sendos recursos contra la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer –militante del PDECat– en una comparecencia pública aseguró el pasado viernes que la sentencia “limita la autonomía municipal”.
Reus acordó ingresar en la AMI –a la que están adheridos 789 de los 948 municipios catalanes– hace casi cuatro años. Societat Civil Catalana y Ciudadanos presentaron un recurso contencioso administrativo contra esta decisión cuya sentencia se ha conocido esta semana. La sentencia obliga al Ayuntamiento a asumir las costas del juicio, unos 300 euros.
Según anunció el alcalde del Ayuntamiento se mantendrá en el seno de la organización independentista hasta que la sentencia que van a recurrir sea firme. En paralelo, la portavoz del grupo municipal de la CUP, Marta Llorens, consideró que el recurso que presentará el ayuntamiento es una “perdida de tiempo” y se mostró partidaria de desobedecer simple y llanamente la decisión del tribunal de Tarragona. De hecho, el municipio estaba preparando la instalación de unos indicadores para las zonas de entrada a la ciudad en el que anunciaba que era un ayuntamiento adherido a la AMI, al igual que han hecho otros muchos ayuntamientos adheridos en los últimos años. Llorens cree que deben instalarse los carteles pese al veredicto.
En cualquier caso esta sentencia del tribunal de Tarragona no es banal y amenaza con abrir una nueva vía de enfrentamiento entre las instituciones catalanas y la justicia.