La veda hotelera aporta un hecho diferencial a Barcelona
Sólo Amsterdam resiste la comparación con las políticas restrictivas de la capital catalana
Barcelona ha desbordado por la izquierda a todas aquellas ciudades en las que la masificación turística ha obligado a las administraciones locales a tomar cartas en el asunto. El Ayuntamiento de la capital catalana ha dado una vuelta de tuerca al propósito, compartido por muchos destinos turísticos, de regular los alojamientos temporales para corregir la distorsión y el encarecimiento del mercado de la vivienda y reducir las molestias que un flujo excesivo de visitantes provoca en los vecinos de los barrios más frecuentados. Mientras la mayoría de esas ciudades tratan de resolver el conflicto causado por la oferta de apartamentos ilegales que se anuncian y contratan a través de internet pactando o enfrentándose a plataformas como Airbnb, el gobierno de la capital catalana se ha propuesto, mediante el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), frenar el crecimiento hotelero limitando la apertura de nuevos establecimientos sólo a determinadas zonas de la ciudad. Según diversas fuentes del sector consultadas por La Vanguardia, sólo la política restrictiva aplicada por Amsterdam resistiría mínimamente la comparación con la de Barcelona.
La ciudad holandesa también se propone limitar la apertura de nuevos hoteles. En cualquier caso, Amsterdam dejará que los proyectos ya planificados salgan adelante. Esto significa que la ciudad de los canales contará en un plazo de ocho a diez años con un centenar más de hoteles, un 25% de ellos en pleno centro urbano. Posteriormente, la política que quiere aplicar el Ayuntamiento de Amsterdam es la de no más hoteles salvo que razones de peso –por ejemplo, el apoyo muy mayoritario de los vecinos– permitan excepciones. En definitiva, Amsterdam, como Barcelona, se está dotando de un hecho diferencial en materia hotelera. Cierto es que en estas ciudades (la sexta y la cuar-
ta de Europa, respectivamente, en número de clientes internacionales alojados en sus hoteles), por sus dimensiones y por su densidad, la presión turística es mucho más perceptible que en capitales que reciben también un gran número de visitantes, como París, Londres, Roma, Berlín o Madrid.
En Amsterdam se ha optado por una política de contención de la oferta. Las nuevas iniciativas son consultadas con los residentes. El municipio da incentivos a los propietarios de los pequeños y viejos hoteles de la zona más saturada para que den a sus establecimientos
uso de vivienda, a cambio de que puedan trasladar la licencia a otro lugar de la ciudad. Pero sobre todo Amsterdam pone el foco de su política restrictiva en los apartamentos de alquiler, que representan el 7% de las pernoctaciones. El alquiler vacacional de un apartamento está permitido siempre que no se supere un límite fijado en 60 días al año.
El análisis que hace el plan de alojamientos de Barcelona –aprobado hace menos de un mes– sobre la situación que se vive en otras ciuda- des europeas y españolas sólo detalla el tratamiento que reciben las viviendas de uso turístico. Se abordan las soluciones que han aportado Londres, San Francisco, Amsterdam, Berlín, París, Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Salamanca, Santander y Málaga y los pactos alcanzados con las grandes plataformas como Airbnb.
La batalla contra los apartamentos ilegales en Barcelona se antoja complicada. El Ayuntamiento ha acusado a Airbnb de “tomar el pelo a la ciudad”, después de que la plataforma presentase una batería de acciones con el fin de acercarse al gobierno local. El Consistorio exige a Airbnb que elimine la oferta ilegal de sus páginas, algo que, a pesar de las cuantiosas multas y reclamaciones interpuestas, aún no ha hecho.
El Peuat prohíbe el incremento de apartamentos turísticos –hay unos 10.000 legales– y pone restricciones a la actividad hotelera. La principal es que no se podrá abrir ningún tipo de alojamiento turístico en fincas que antes de julio del 2015, momento en el que se decretó la moratoria, albergaban viviendas. También muestra una zonificación muy específica de aquellas áreas de la ciudad en las que estarán permitidas nuevas aperturas, que se sitúan en los barrios de la periferia y en zonas en desarrollo, como la Marina del Prat Vermell o la Sagrera. En estos ámbitos, en los que se podrá crecer, se ha impuesto un máximo de plazas hoteleras. En las zonas en las que no se podrá construir más hoteles se apuesta por el decrecimiento. En las áreas saturadas –Ciutat Vella, parte del Eixample y el 22@–, aquellos hoteleros que quieran hacer obras estructurales e importantes remodelaciones deberán renunciar a un 20% de plazas. En los próximos meses Barcelona seguirá ampliando su planta hotelera gracias a la inauguración de los establecimientos que obtuvieron licencia antes del 1 de julio de 2015. Estos proyectos aportarán este año más de un millar de nuevas plazas.
Una vez superados los obstáculos
CRECIMIENTO EN EL 2017 La apertura de nuevos establecimientos que tenían licencia aportará mil nuevas plazas PRIMERAS ESTIMACIONES La indemnización que podrían reclamar hoteleros y promotores supera los 400 millones
políticos, en torno al Peuat se podría desencadenar en breve la tormenta judicial. Empresarios del sector y promotores inmobiliarios disponen de un informe que, además de cifrar en más de 6.500 puestos de trabajo directos el impacto socioeconómico del Peuat, apunta que el conjunto de las indemnizaciones a los afectados por la medida, si estos decidieran llevar sus casos a los tribunales, superaría los
400 millones de euros. Según este informe, hay que contar, además, con el llamado lucro cesante, la pérdida de actividad económica de todos aquellos que tenían en cartera proyectos hoteleros en Barcelona y que no podrán materializarlos a causa de la veda impuesta por el Peuat. Una primera estimación de mercado calcula que, globalmente, el lucro cesante podría rondar los 750 millones de euros (una previsión de 2.500 habitaciones a unos 300.000 euros cada una).