El conflicto de los estibadores amenaza con paralizar los puertos
La reforma para liberalizar el servicio pone a los sindicatos en pie de guerra
Sólo un acuerdo in extremis evitará una guerra sin precedentes y de consecuencias impredecibles en los puertos españoles. La causa es el rechazo de los estibadores a la reforma que ultima el Gobierno para liberalizar su actividad y que afecta directamente a más de 6.000 trabajadores. El cambio responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada hace dos años, que condenó a España por no respetar la libertad de establecimiento de las empresas. El Consejo de Ministros prevé aprobarlo el próximo viernes. Luego requerirá luz verde parlamentaria. Los sindicatos han convocado huelgas para la semana siguiente.
Fomento recuerda que el incumplimiento de la sentencia ya ha supuesto sanciones por valor de 21,5 millones de euros y que la inminencia de una segunda resolución condenatoria por parte del tribunal con sede en Luxemburgo añadiría otros 134.000 euros diarios. Persistir, subraya, supondría el primer incumplimiento de un tratado de la UE por parte de España. Los sindicatos ven en la nueva regulación una voluntad de ir más allá del mandato judicial y de satisfacer a las empresas, principalmente a las grandes multinacionales, que presionan para reducir sus costes de operación. Las consecuencias, aseguran,
serán destrucciones de empleo, recortes salariales y precarización de las condiciones de trabajo.
Los estibadores son los que cargan y descargan las mercancías entre los barcos y los muelles, una parte fundamental en la cadena de transporte y, por tanto, de la actividad de muchas empresas. En algunos puertos, entre ellos el de Barcelona, estas labores ya se están haciendo más lentamente en protesta por lo que se avecina. El viernes la
empresa Autoterminal envió una carta a la Autoritat Portuaria de Barcelona en la que denunciaba una huelga encubierta por parte de los estibadores que había reducido los “rendimientos medios entre un 8590%” de los pactado en convenio.
Los sindicatos –el mayoritario Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y también CC.OO., UGT y CIG– han convocado paros para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en los 36 puertos de las 28 autoridades portuarias.
La estiba tiene un funcionamiento peculiar en España. Caso único en la UE, con la excepción de Bélgica que ya está reformando su modelo. El servicio lo prestan las empresas estibadoras, que están obligadas a entrar en el accionariado de la Sagep (sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios) correspondiente del puerto donde va a operar. Y no pueden contratar trabajadores en el mercado libre. Deben hacerlo, directa o indirectamente, a través de esas entidades, antaño de mayoría pública y desde el 2003 totalmente privadas.
La sentencia del TJUE censuró tanto la obligatoriedad que tienen las compañías dedicadas a la estiba de tomar capital de las Sagep como de contratar trabajadores de estas últimas. En los últimos dos años, Fomento ha apostado por que sean los agentes implicados –los sindicatos y la patronal Anesco– quienes acordasen las modificaciones pertinentes.
Los sindicatos reclaman al Gobierno que no inicie la reforma de manera unilateral y puedan seguir negociando el nuevo marco con las empresas. Pero Anesco ya ha avalado los cambios, pese a que algunas operadoras han firmado acuerdos con los sindicatos. El ministerio insiste en que la modificación no es iniciativa suya, sino que viene impuesta por la UE y asegura que todas las propuestas que se ha presentado hasta el momento en Bruselas –la Comisión Europea es la garante del cumplimiento de la sentencia– han sido rechazadas. El principal escollo es el mantenimiento de un registro de profesionales con preferencia en la contratación. El viernes hubo una reunión a tres bandas , que terminó sin acuerdo. El próximo martes se celebrará otra.
La nueva regulación supondrá la desaparición de las Sagep. Fomento destaca que para asegurar la competitividad de sus empleados, los pasivos laborales –derechos preexistentes– serán asumidos por las autoridades portuarias. Las empresas estibadoras podrán contratar directamente en el mercado o a través de los nuevos centros portuarios de empleo –una especie de ETT especializada– o bien mediante las ETT. Habrá un periodo de adaptación de tres años, que los sindicatos quieren que sea más largo.
El Gobierno urge a cambiar de modelo para evitar más sanciones de la UE; los sindicatos exigen negociarlo