La insolidaridad de Cifuentes y Aguirre
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reaccionado airada a las acusaciones de sus homólogos de Andalucía, Valencia y Baleares imputándole prácticas de paraíso o de dumping por el generoso sistema fiscal que su gobierno aplica en su tramo del IRPF, sucesiones y donaciones y patrimonio.
Sorprende que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni sus ministros económicos, tan prestos a acallar las reclamaciones de pacto fiscal o bilateralidad en el ámbito de la financiación autonómica de los distintos gobiernos catalanes con el argumento de que ellos defienden la “igualdad de derechos de todos los españoles”, hayan replicado las audaces manifestaciones de Cifuentes arrogándose el privilegio de hacer lo que mejor le plazca en ese ámbito y, sobre todo, oponiéndose a establecer unas reglas de juego comunes para todas las comunidades. Aunque han evitado salir en defensa de su camarada Cifuentes, igual es que su lista de derechos forzosamente igualados ampara excepciones de índole económico. Sería muy estrecho de miras pensar que su criterio viene determinado por su condición de residentes a poca distancia de la Puerta del Sol.
El discurso de la igualdad defendido desde el Gobierno tropieza aquí, pues, con otra dificultad evidente a la que no parece dispuesto a hacerle frente. Los españoles no son iguales, pues, ante el fisco. No sólo por el diferente tratamiento fiscal que reciben en función de sus ingresos (a mayor ingreso más corresponde pagar) y necesidades particulares (familiares y personales). También en función de criterios geográficos, pese a que cuando se combate la idea del déficit fiscal, siempre se responde que quienes pagan son las personas, no los territorios.
En verdad, la política de alivio fiscal practicada por la Comunidad de Madrid no es un invento de Cifuentes. Arrancó en el 2007, cuando los gélidos aires de la crisis financiera ya se empezaban a sentir en la meseta, de la mano de Esperanza Aguirre. Desde entonces se mantuvo, hasta hoy, mientras que muchas de las más relevantes comunidades autónomas españolas, desde Catalunya a Baleares, pasando por Andalucía y Valencia, subían los impuestos para parchear una situación de práctica bancarrota. Visto desde ese punto de vista, el sistema estaba legalizando una auténtica práctica insolidaria, bajar impuestos mientras las otras, y el propio Gobierno del Estado, tenían que subirlos para evitar la bancarrota. Y esto por parte del Gobierno de la única comunidad autónoma que ostenta la capitalidad del Estado.
Ya sabemos que Cifuentes y Aguirre rechazan que su comunidad se beneficia de ese efecto sede, aunque en ningún otro lugar del planeta se atreven a negar que tal cosa aporta ventajas comparativas. Es una evidencia que una capital centraliza la gestión de los recursos de un Estado, fiscales, gerenciales, de las actividades de lobby, la concesión de los grandes contratos y la vida política y administrativa. Negar las implicaciones económicas de ese “sector público” roza el ridículo. El último ejemplo, la denuncia de Valencia de la inversión en el túnel de Atocha-Chamartín (territorio Madrid) con cargo a fondos del corredor Mediterráneo.
En un artículo publicado en el diario madrileño El País, Cifuentes explicaba porque era injusto cargar contra la fiscalidad de su comunidad. Primero, señalaba que atribuir a la presencia de las grandes empresas (sobre todo de servicios de monopolios públicos privatizados) más ingresos fiscales a la Comunidad era falso, pues el impuesto de sociedades va directamente a las arcas de la Hacienda estatal y en cambio recordaba que pese a aplicar un IRPF más bajo que Catalunya, recaudaba por ese concepto unos 1.000 millones más. Ciertamente, el impuesto de sociedades no forma parte de la cesta autonómica, pero que los directivos y presidentes de las grandes empresas presenten su declaración de la renta en Madrid explica casi al 100% las diferencias de recaudación con Catalunya.
El segundo argumento de Cifuentes era que la baja fiscalidad comparada se explicaba por la excelente y austera gestión de su Gobierno (y cabe presumir que de su pionera antecesora en materia fiscal, Aguirre). Aseguraba que esta era “posible también gracias a una Administración reducida y que gestiona mejor”. Dejando al margen minucias como la trama Gürtel, parasitada especialmente en su comunidad, o los espionajes entre compañeros de partido en puestos de Gobierno y con cargo al erario público, que poco tienen que ve con una excelente gestión, lo cierto es que esa afirmación de Cifuentes es falsa.
¿Qué criterio define una administración “reducida”? ¿El número de funcionarios? La Comunidad de Madrid tiene unos 10.000 funcionarios menos que Catalunya, pero en porcentaje sobre la población está por encima: 2,35% contra 2,21%. Y si se suman todos los funcionarios públicos, es decir incluyendo los que gestionan los recursos generados por todos los ciudadanos del Estado, la diferencia es abismal: 100.000 más en la Comunidad de Madrid, 6,24% contra 4,08%. Madrid es la cuarta del ranking después de Extremadura, Aragón y Castilla León. Catalunya, la última. Esta diferencia explica una parte significativa de los 1.000 millones de diferencia a que aludía Cifuentes.
Es poco ejemplar que la comunidad de la capital del Estado presuma de menor fiscalidad que el resto