El caso Bankia diezma la cúpula del Banco de España
La Audiencia Nacional imputa al exgobernador Fernández Ordóñez Los jefes de inspección y supervisión dimiten al ser investigados
La Audiencia Nacional investigará la actuación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismos encargados de la supervisión de BFA-Bankia en los meses que precedieron su salida a bolsa, materializada en julio del 2011. La Audiencia responde con ello al recurso presentado en su día por la Confederación Intersindical de Crédito. (CIC). El auto pide al juez que cite a declarar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Julio Segura, gobernador y presidente de ambos organismos. Pero incluye también a los responsables de supervisión del Banco de España en aquellas fechas. Como consecuencia de ello, tres altos cargos del Banco de España presentaron ayer su renuncia, abriendo una inesperada crisis en el seno de la entidad que dirige Luis María Linde.
El juez encargado del caso, Fernando Andreu, se había negado hasta ahora a realizar estas citaciones por estimar que no había base suficiente para tales imputaciones. La Sala Penal, en cambio, considera “razonable y razonada la pretensión de los recurrentes sobre la base de la existencia de múltiples indicios de criminalidad por parte de los responsables del Banco de España y la CNMV en tanto que (órganos) garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.
Además de a Fernández Ordóñez y a Segura, la Sala pide la citación de Javier Ariztegui (subgobernador del banco en aquellos días); Jerónimo Martínez Tello (director general de supervisión durante el periodo); Mariano Herrera (actual director general de supervisión); Pedro Comín (ahora director adjunto de supervisión) y Pedro González (actual director del departamento de supervisión IV). Entre los citados está también Fernando Restoy, vicepresidente de la CNMV entre el 2008 y el 2012 y subgobernador del Banco de España entre el 2012 y el 2016.
Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González presentaron ayer su renuncia tras conocerse el auto. Las renuncias se harán efectivas en la reunión de la comisión ejecutiva que tendrá lugar hoy. Los dimitidos justifican su renuncia en la voluntad de que su presencia “no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España”.
La resolución de la Sala se basa especialmente en el análisis de los correos electrónicos aportados a la causa por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus. Los magistrados también han tenido en cuenta las declaraciones de Casaus en sede judicial, donde explicó los correos, en los que advertía que el grupo bancario que iba a salir a bolsa “no es viable”. En sus declaraciones ante el juez Andreu, el mismo inspector manifestó después que la entidad era “una máquina de perder dinero”.
Pese a considerar que puede haber responsabilidad en los exgestores del Banco de España y la CNMV, la Audiencia estima que en la fase actual de la instrucción, no cabe hablar de delitos concretos. Se ha citado en ocasiones que la posible calificación jurídica de los hechos sería la de estafa de inversores –del artículo 182 bis del Código Penal-, pero la Sala Penal estima que hay que seguir indagando antes de formular una acusación precisa.
La conclusión de la Audiencia es que resulta procedente llamar a declarar a los responsables del Banco de España y la CNMV porque quedaba en su ámbito de competencias la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa. Podría decirse, en suma, que la Sala Penal de la Audiencia asume las tesis del sindicato CIC, que en su recurso estimaba que el Banco de España y la CNMV ofrecieron una “inestimable colaboración” a la excúpula de Bankia como “cooperadores necesarios” de las supuestas irregularidades. La CIC, representada por el letrado Andrés Herzog, también sostiene que los organismos mencionados llegaron a “incitar” a la entidad a una “huida hacia delante” con la salida a bolsa.
La resolución también contiene referencias a la Fiscalía. En este sentido, los jueces valoran el informe elaborado el pasado mes de noviembre por el fiscal encargado del caso, Alejandro Luzón, quien planteó que de cuestionarse la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad “no sería exclusiva de los administradores o del auditor”. El fiscal consideró que en ese caso “podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que consciente mente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño”.
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid LOS INVESTIGADOS La sala penal cita a Fernández Ordóñez, Julio Segura y Fernando Restoy LAS REPERCUSIONES El auto incluye también a tres responsables del actual área de supervisión