Mucho más que un proceso penal
Las dos fotografías de esta página reflejan muy bien la vertiente judicial del caso Nóos. ¿Vertiente judicial? ¿Es que ha sido otra cosa? Sí, el caso Nóos ha sido mucho más que un proceso penal. Pocos asuntos habrán tenido tanto debate público paralelo. No se discutió sólo si la infanta Cristina debía ir a declarar como imputada, sino si tenía que bajar por la rampa que desemboca en los juzgados, como todo el mundo, o podía llegar en coche, como hacen los jueces y fiscales. Salvo el instructor, José Castro, que circula por Palma en moto.
En la primera de las imágenes, el fiscal Horrach se dirige a una avalancha de periodistas. Horrach ha vivido en ese clima durante toda la instrucción del caso. Y llegó a estar metafóricamente cerca del banquillo. Se le acusaba de proteger a la infanta, al no considerarla autora de delito alguno y pedir su absolución. Pero sus tesis han prosperado. Bien mirado, al fiscal Pedro Horrach también le absolvieron ayer.
En la otra fotografía aparece la magistrada Samantha Romero, presidenta del tribunal y ponente de la sentencia. A diferencia del fiscal, las jueces de este caso sí han podido actuar con tranquilidad. Ocho meses de deliberaciones, para una sentencia de 741 páginas. El tribunal ha tenido tiempo y ocasión de reflexionar a fondo su resolución. Y el fallo que ha dictado –con aspectos discutibles, como todos– sí tiene a primera vista la condición de una decisión equilibrada. Pero no dura. Y no sólo porque se absuelva a la infanta al tiempo que su marido resulta condenado a 6 años y 3 meses de prisión, sino por una valoración de conjunto sobre el destino que han tenido los ocupantes del banquillo. Los imputados de València y Madrid han corrido mejor suerte que los de Baleares, cuando es sabido que Urdangarin y Diego Torres se movieron con idénticos procedimientos en las tres comunidades.
La infanta y Urdangarin, en todo caso, son el eje y la unidad de medida del proceso entero. Puede pensarse que con ella ha habido generosidad. Es así hasta cierto punto. Pero no porque el tribunal haya comulgado con ruedas de molino. La absolución de la infanta no es un triunfo del amor y la fe ciega en su marido. Las magistradas no se han tragado esa parte del culebrón.
El éxito de Miquel Roca y Pau Molins es haber llevado al ánimo del tribunal, como letrados de la defensa, la convicción de que –como dice la sentencia– la hermana del Rey “desconocía” la existencia de “ilícitos penales” en la conducta de su marido. En definitiva, la acusación ejercida por Manos Limpias no logró destruir la presunción de inocencia de la infanta. “No ha resultado acreditada” –dice el fallo– la participación de doña Cristina “en la ocultación del hecho imponible relativo al IRPF por el que venía obligado su esposo, correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008”.
No hubo, por tanto, una actuación de la infanta como “paraguas fiscal” de los manejos de su esposo, como se dijo en el juicio. Pero el fallo también alude a que en el reparto de funciones de Urdangarin con su socio –que ha recibido la mayor condena–, se acordó que el exduque actuara “proporcionando los contactos necesarios que, al más alto nivel institucional, su privilegiado posicionamiento le procuraba”.
Urdangarin, en suma, puede darse con un canto en los dientes por los seis años que le han caído. El fiscal Horrach siempre supo que al pedirle 19 años de prisión estaba tirando muy por lo alto y que nunca conseguiría una condena de ese porte. Pero suerte tendrá el letrado Mario Pascual Vives, defensor del exduque, si logra salvarle ahora del inmediato ingreso en prisión. Los tribunales no están por la labor de contemporizar con los condenados por delitos de corrupción. Horrach y el Gobierno lo saben. De nuevo, juega en este caso el juicio extraprocesal. El país ha asumido la absolución de la infanta como la decisión que un poder judicial independiente ha considerado que debía tomar en justicia. Pero, aunque técnicamente sea defendible, le costaría mucho más asumir una excesiva benevolencia con un condenado por delitos de prevaricación, falsedad, fraude y malversación.
El epílogo del proceso podría referirse a Manos Limpias. Es de suponer que no recurrirá la sentencia. Desde que se desveló su intento de chantaje a los abogados de la infanta, perdió gran parte de su legitimidad moral. La infanta tendrá que pagar 265.000 euros por haberse lucrado con las ilícitas ganancias de su marido. Pero le queda la satisfacción de que Manos Limpias no sólo no ha logrado su condena, sino que ha sido obligada a pagar las costas del proceso. A estas alturas, dicho sindicato debe ser ya insolvente. Y a la infanta le van a devolver dinero, porque había consignado una fianza civil de más de medio millón de euros. No es de extrañar que, como ayer decía un exultante Miquel Roca, a la infanta le haya quedado con la sentencia un sabor agridulce.
Las jueces de Palma también ‘absolvieron’ ayer al fiscal Horrach, que había sido acusado de proteger a la infanta Los letrados Roca y Molins logran el pleno con la condena a Manos Limpias para que pague las costas del proceso