Borbón y cuenta nueva
La frase que titula esta crónica no es del arriba firmante. Es de la periodista María Casado tras conocer la sentencia del caso Nóos. Este cronista se la apropia con cita de autoría de la querida compañera. Borbón, porque la procesada que lleva ese apellido ha salido tan bien parada en la sentencia que su abogado Miquel Roca literalmente “levitaba”. Y cuenta nueva porque se pasó un trance relevante, no sé si histórico, y empieza de nuevo el relato que escribió su hermano Felipe en el acto de proclamación como rey: “La Corona debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente; sólo así se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Hasta ayer, y durante casi once años, la Corona sufrió la erosión de un gravísimo episodio de corrupción. Ayer, durante todo el día, pudo escuchar una de las frases más repetidas: “El Estado funciona”. Aunque Gabriel Rufián ve en la sentencia una razón más para la República Catalana, el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes, juez de profesión, aceptó que el Estado, efectivamente, funciona.
Para los reyes padres, Juan Carlos y Sofía, tuvo que ser muy doloroso ver a su hija sentada en el banquillo. Tuvo que ser humillante ver cómo era condenada en los juicios paralelos que hicieron los políticos antisistema y se leyeron en los medios de comunicación, prácticamente sin excepciones. Y ambos, y su hijo Felipe, tuvieron que sentir el vértigo de que la tierra se movía bajo los pies del trono. No es una expresión literaria. Es lo que dejaban ver las encuestas sobre popularidad de la monarquía. Es lo que hizo que se retirasen honores y presencias a la pareja encausada. Era lo que se percibía en las crónicas que denunciaban que la corrupción había llegado a “las más altas instancias”. Por lo tanto, una vez que habló la justicia –de forma muy benévola, es cierto–, la cuestión es si este proceso fortaleció al sistema. Todo lo demás son discusiones jurídicas en las que este cronista no está capacitado para entrar. Y la respuesta es que sí. A la infanta no se le aplicó la doctrina Botín, precisamente para no dar pie a la idea de una justicia para los poderosos y otra para la plebe. Hubo un juez, José Castro, que quizá rezumó republicanismo, pero efectuó la instrucción con libertad, incluso ante los duros razonamientos del fiscal Horrach. Del poder político no se conoce ninguna intromisión que merezca ser denunciada. Y las juezas del tribunal de Palma sólo se impusieron un compromiso a sí mismas: dictar sentencia por unanimidad. Y lo consiguieron.
Anotadas estas circunstancias, el caso Urdangarin ha sido y sigue siendo bochornoso. Marcó el nivel institucional al que jamás puede volver a llegar un delito, cualquier delito. Provocó una sentencia llamada a no dar satisfacción a quienes nunca renunciarán a pensar que la infanta es absuelta por ser quien es y la habían condenado de antemano. Pero hizo bueno el tópico de estos años: que todo el mundo puede ser juzgado, y de hecho es juzgado, sin distinción de rangos ni linajes. Eso, y no otra cosa, es lo que llamamos Estado de derecho.