El caso del presidente de Murcia
PEDRO Antonio Sánchez, presidente popular de la Comunidad de Murcia, asumió públicamente el compromiso de dimitir de su cargo si era investigado judicialmente por presunta corrupción. En el pacto de investidura que tiene el Partido Popular con Ciudadanos para gobernar en esa autonomía se establece, asimismo, que aquellas personas investigadas en casos de corrupción deberán abandonar su cargo público. Pero Sánchez, pese a que declara hoy como investigado por el llamado caso Auditorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se niega a dimitir. Con ello no sólo incumple su palabra sino que además ha puesto en riesgo de ruptura el pacto entre los dos partidos para gobernar la comunidad murciana.
El caso Auditorio se basa en presuntas sospechas de corrupción, denunciadas por el PSOE, durante el proceso de construcción del Teatro Auditorio Municipal de la localidad murciana de Puerto Lumbreras, diez años atrás, cuando Sánchez era su alcalde. Este resta importancia a la citada denuncia, una más de las muchas que ha realizado el PSOE sin que haya prosperado ninguna, y afirma que se trata sólo de meras irregularidades administrativas. Pero el juez instructor del caso, Julián Pérez-Templado, considera, en su auto de citación, que los hechos investigados podrían ser delictivos y revestir caracteres de presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación.
Por coherencia política y por ética personal, y al margen de que lo exijan Ciudadanos y los partidos de la oposición (PSOE y Podemos), Sánchez debería dimitir de su cargo, o al menos retirarse provisionalmente, hasta que se resuelva judicialmente la investigación en que está inmerso. Es una decisión sobre la que deberá reflexionar nuevamente hoy en función del resultado de su declaración ante el juez, en laquea firma que espera poder aclarar la situación y demostrar que está exento de responsabilidades. Sin embargo, a juzgar por sus últimas declaraciones, cree que no le correspondería dimitir hasta la apertura del juicio oral, tal como Ciudadanos plantea en una iniciativa de ley orgánica que impulsa en el Congreso de los Diputados.
La dirección nacional del Partido Popular, hasta ahora, apoya incondicionalmente aSánc hez, mientras que Ciudadanos da ya por roto el pacto de investidura y ha abierto las puertas a que prospere una moción de censura liderada por el PSOE. A estas alturas, y si el proceso judicial no exonera de presuntas responsabilidades penales aSánchez, la alternativa para dar estabilidad política ala autonomía sería que elPP propusiera un nuevo presidente para sustituir lo que pudiera ser aceptado por Ciudadanos.