Por la boca muere el pez
La política no aguanta la hemeroteca. Son tantos los ejemplos de declaraciones que se desmienten o se contradicen al cabo del tiempo que necesitaríamos todas las páginas de este diario para recogerlas. Por eso me voy a detener en dos de las más recientes. La primera ha sido el anuncio del superávit de 97,5 millones que ha obtenido el Ayuntamiento de Barcelona del año 2016. Durante la última campaña electoral, los actuales concejales de BComú le saltaron a la yugular del alcalde Trias cuando anunció un superávit de 19 millones. Acusaron al gobierno convergente de olvidarse de los barrios pobres para favorecer a los bancos. Dos años más tarde el superávit de Barcelona ha sido casi cinco veces mayor y, claro, la oposición no ha tardado en recordar a los comunes su contradicción.
Una de las razones de este multimillonario beneficio se encuentra en la nueva burbuja inmobiliaria que sufre Barcelona y que ha disparado los ingresos municipales gracias al impuesto de plusvalía. Esta figura fiscal grava el beneficio de la compraventa de propiedades a partir del principio general de que el paso del tiempo revaloriza al alza el precio de los inmuebles. Este principio se rompió en la crisis económica y el Tribunal Constitucional lo ha anulado porque el estallido de la burbuja inmobiliaria propició que se vendieran las fincas por debajo del precio de compra. A pesar de esto, los ayuntamientos siguieron cobrando ese impuesto y Barcelona, como el resto de municipios, se ha beneficiado de una tasa basada en un prejuicio que no siempre se cumple. Estoy esperando ansioso el anuncio del Consistorio barcelonés sobre la devolución de este impuesto a los contribuyentes que han pagado de más injustamente. Ese sería un buen destino para parte del millonario superávit.
Segundo caso. La web de La Vanguardia desveló ayer uno de los secretos más bien guardados de la administración de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB). Se trata de los sueldos de los directivos de esta empresa pública. Más allá de las cifras (133.700 euros de sueldo medio anual), es clamorosa la opacidad de la dirección política de TMB a la hora de facilitar unos datos que legalmente deben ser públicos. El mismo gobierno municipal que izó la bandera de la transparencia cuando entró en el Ayuntamiento de Barcelona, ha tardado más de un año en entregar la información y lo ha hecho a regañadientes y por imperativo legal. Ante las constantes evasivas y denegaciones de los responsables de la empresa pública, La Vanguardia recurrió al procedimiento que establece la ley de Transparencia de la Generalitat para obtener los datos. En enero, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació instó por unanimidad a TMB a facilitar la información requerida en un plazo máximo de 20 días . Los datos llegaron fuera de ese plazo y después de un año de espera.
Desgraciadamente en la política escasea la coherencia y abundan los discípulos de la máxima del gran Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”.
Barcelona podría usar parte del superávit en devolver el impuesto de plusvalía que se ha cobrado injustamente