El elevado coste de la reforma de la estiba complica un acuerdo laboral
El Gobierno prevé fondos públicos de hasta 350 millones para las indemnizaciones
Cuánto costará la factura laboral derivada del cambio modelo de contratación de trabajadores de la estiba portuaria en España y quién la asumirá. Este es uno de los asuntos clave en el conflicto abierto que enfrenta, por un lado, al Gobierno con estos profesionales –son sólo 1.600, pero su labor es imprescindible para gran parte de la actividad económica– y, por otro, a sus representantes sindicales con la patronal. El decreto que el Ejecutivo ha aprobado y que ahora precisa de convalidación parlamentaria prevé que las arcas públicas asuman los pasivos de los afectados. La estimación de Puertos del Estado, organismo dependiente de Fomento, es que el coste de estas indemnizaciones no supere los 350 millones de euros. Pero esta cantidad podría ser mucho mayor, dependiendo de los acuerdos a que se lleguen en la negociación colectiva. Los sindicatos rechazan que con los impuestos de todos se sufraguen despidos en empresas privadas. En cambio, la patronal teme que estas últimas tengan que asumir fuertes sobrecostes por el paso de un sistema al otro.
El real decreto ley que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé la desaparición de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep). En el actual modelo, estas son las únicas que pueden facilitar trabajadores a las empresas que hacen la estiba. Se da la circunstancia de que estas últimas son las accionistas de las primeras. Un círculo que la reforma quiere romper. Las compañías que gestionan las mercancías en los puertos podrán contratar directamente en el mercado y las sagep desaparecerán. Sus antiguos trabajadores –los contratados antes de la sentencia europea de diciembre del 2014 que obliga al cambio de sistema– tendrán igual coste que los nuevos. Así, argumenta el ministerio, serán competitivos con los que lleguen, con lo que, dada su experiencia, tendrán garantías para mantener sus empleos.
La nueva norma contempla que sean las autoridades portuarias las que paguen las indemnizaciones que, de acuerdo con lo que fija el Estatuto de los Trabajadores, es de 20 días por año trabajados con un máximo de 12 mensualidades. Los estibadores podrán extinguir su contrato de forma voluntaria si se producen cambios en su convenio como consecuencia de la reforma. En este caso percibirán un máximo de nueve mensualidades. Se fija un periodo transitorio de tres años entre el sistema actual y la liberalización durante el cual las empresas están obligadas a mantener al menos al 75% de las plantillas actuales el primer año, el 50% el segundo y al 25% el tercero.
Fomento argumenta que la asunción por parte de las autoridades portuarias –entes estatales– de estos costes laborales se fundamenta en el origen público de las sociedades de estiba –se privatizaron a partir del 2003– y en que los pasivos se generan como consecuencia de un sistema legal obligatorio.
Los sindicatos –CETM, UGT, CC.OO., CIG y CGT– critican fuertemente que se sufrague la factura de los despidos de sociedades privadas (las sagep) con los impuestos. Esa circunstancia, denuncian los representantes de los trabajadores, podría incitar a los accionistas de estas compañías –que, recuerdan, son las que en el nuevo modelo contratarán a los estibadores libremente–, a prescindir de las actuales plantillas porque podrán hacerlo a coste cero. Por su parte, a la patronal Anesco no le salen las cuentas. Está estudiando cuánto personal precisa en cada puerto. Está previsto que presente el resultado en la mesa laboral. Aún así, ya ha pedido un plan de ayudas públicas para poder mantener las plantillas.
A esta disparidad de posiciones se suma otro elemento que añade incertidumbre a la reforma. El decreto incluye una disposición final que afecta este uso de fondos públicos para pagar las indemnizaciones: debe haber una “expresa declaración” por parte de la Comisión Europea de su “compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado”. En caso contrario, este apartado “no entrará en vigor”.
Los sindicatos rechazan que se subvencionen despidos en empresas privadas y estas temen que haya sobrecostes