Nacionalismo magiar
Orbán reta a la UE con una ley contra el derecho comunitario
Hungría da un paso más en su controvertida estrategia para evitar la llegada de migrantes y aprueba una ley que autoriza la detención de todos los demandantes de asilo, por el mero hecho de serlo.
Hungría dio ayer un paso más en su controvertida estrategia para evitar la llegada de migrantes. En un claro desafío a la Unión Europea, que le obligó a frenar una iniciativa similar hace unos años por chocar con la legislación comunitaria, el Parlamento húngaro aprobó una ley que autoriza la detención de todos los demandantes de asilo, por el mero hecho de serlo. Todos los extranjeros que lleguen de forma irregular al país podrán ser internados en campos cerrados en la frontera, sin límite de tiempo.
Hungría es más un país de tránsito que de destino de demandantes de asilo o emigrantes económicos. La presión se ha reducido enormemente desde el verano del 2015 (el año pasado registró unas 26.000 solicitudes de asilo) pero no así la retórica del Ejecutivo de Viktor Orbán, que justifica la medida por razones de seguridad nacional. La inmigración “es el caballo de Troya del terrorismo”, proclamó ayer en la ceremonia de graduación de nuevos agentes de policía de fronteras. “Seguimos bajo ataque”, dijo; “la presión sobre las fronteras húngaras no cesará en los próximos años porque hay millones de personas preparándose para salir en busca de una vida mejor”.
La nueva ley, aprobada por 138 votos a favor, seis en contra y 22 abstenciones, entrará en vigor en una semana. En adelante, cuando el país esté en “emergencia migratoria” (está decretada por ahora hasta septiembre) sólo se permitirá a los demandantes de asilo presentar sus solicitudes en “zonas de tránsito” designadas en la frontera.
Será en estos centros vallados, con contenedores habilitados como viviendas, en los que deberán esperar a que se resuelva su caso. Los extranjeros sólo podrán salir del recinto para volver por el camino por el que llegaron, es decir, de vuelta a Croacia o a Serbia.
La presión de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó al Gobierno húngaro en el 2013 a poner fin a esta práctica. La nueva norma la recupera y le da carta de legalidad, aunque choca con el derecho comunitario. La legislación comunitaria sólo autoriza la retención de demandantes de asilo caso por caso, si otras medidas menos coercitivas no funcionan, y en circunstancias excepcionales por hasta 18 meses, pero no de forma sistemática, sin límites y sin distinguir entre colectivos más vulnerables, como los menores, tal y como pretende hacer Budapest. Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, advirtió ayer que la nueva ley “viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea”.
“Si el mundo ve que defendemos nuestras fronteras nadie querrá entrar en Hungría ilegalmente”, razona Orbán. La medida se suma a la construcción de vallas en la frontera, iniciada en el 2015 y ahora en proceso de refuerzo, y la aprobación de una ley que criminaliza la inmigración y contempla penas de hasta cinco años de cárcel por cruzar la frontera de forma irregular.
La llegada de Donald Trump al poder ha envalentonado a Orbán, declarado admirador del empresario millonario devenido presidente. “La era del multilateralismo ha quedado atrás. Tenemos ante nosotros la era de las relaciones bilaterales”, ha celebrado recientemente. Fidesz, el partido del primer ministro, forma parte del Partido Popular Europeo, que a pesar de la deriva xenófoba de los últimos años ha evitado tomar medidas contra su socio húngaro. La Comisión Europea evitó ayer comentar la nueva legislación húngara. Los socialistas y liberales europeos le exigieron ayer que actúe sin dilación y con firmeza contra Budapest.
La legislación europea no permite la detención sistemática ni sin límites de todo demandante de asilo