El Congreso refuerza su papel de control sobre el Gobierno
El Ejecutivo deberá rendir cuentas de las iniciativas no legislativas
El Congreso aprobó ayer por unanimidad impulsar un refuerzo de la rendición de cuentas del Gobierno ante el legislativo mediante una modificación del reglamento que obligará al Ejecutivo a informar, al inicio de cada periodo de sesiones, del seguimiento y aplicación que se ha hecho de cada una de las iniciativas no legislativas aprobadas por el Parlamento y que obligan al Gobierno.
La propuesta parte del grupo parlamentario del PNV y fue defendida por su portavoz, Aitor Esteban, quien especificó, tal como figura en su propuesta, que el Gobierno estará obligado a presentar un informe específico de cada iniciativa de este tipo aprobada en el anterior periodo de sesiones, fundamentalmente proposiciones no de ley, y a que un miembro del Ejecutivo, el ministro del ramo en cada caso, comparezca ante la Cámara en los 15 días siguientes para responder a las preguntas de los grupos respecto a lo contenido en esos informes.
La iniciativa no atañe a las proposiciones de ley, puesto que de su aplicación da fe el Boletín Oficial del Estado, pero sí a todos los demás mandatos que el Parlamento aprueba y que el Gobierno debe aplicar. El propósito, explicó Esteban, es que el Ejecutivo “informe de qué ha hecho o qué no ha hecho, si es que no ha podido hacerlo, con lo aprobado en el Congreso. Se trata de saber que el Gobierno recibe los encargos”. Aprobar esta mejora del control parlamentario significa también, según el diputado vasco, “que el Parlamento se toma en serio lo que mandata al Gobierno, y, en fin, cumplir lo que la mayoría de la expresión popular ha resumido en una propuesta concreta”.
Los grupos coincidieron en dar su apoyo a una modificación del reglamento que calificaron de necesario pero insuficiente. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, fue muy concreto respecto a qué tipo de seguimiento permitirá la iniciativa del PNV y aludió a los mandatos de la Cámara relativos a la consideración del peso demográfico de las comunidades autónomas en la inversión, y al impulso al corredor mediterráneo que el Congreso aprobó en diciembre.
Este refuerzo de la acción del Parlamento sobre el Gobierno –cuyos términos finales pueden variar, pues varios grupos adelantaron que presentarán enmiendas durante la tramitación en el parlamento– llega en un momento en que las relaciones entre los dos poderes del Estado están sujetas a serias tensiones. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, lo expresaba durante su intervención: “El control parlamentario ha decaído durante las últimas legislaturas, hasta desaparecer en la pasada”. Aludía a la breve XI legislatura, que dejó en el aire la cuestión de si el Gobierno debe someterse a las sesiones de control parlamentario tratándose de un ejecutivo en funciones que no fue votado por esa cámara sino por la precedente. La pugna, que acabó con un recurso del Parlamento al Constitucional, sigue pendiente del pronunciamiento del Alto Tribunal.
A ese litigio entre los dos poderes siguió el que ahora mismo se dirime en torno a la potestad del Gobierno para vetar cualquier iniciativa del legislativo que comprometa los presupuestos del año en curso, un argumento que el Ejecutivo ha empleado también cuando las medidas afectaban a las cuentas de ejercicios ulteriores, como el caso del incremento de las pensiones para el 2017, que fue aprobado por la Cámara en el anterior periodo de sesiones, es decir, en el 2016. Los grupos, de forma singular el de Unidos Podemos, se han quejado en reiteradas ocasiones en la actitud cómplice de PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, que han transigido con algunos de los vetos esgrimidos por Moncloa. Pero no con todos. De algunas iniciativas, la Mesa levantó los vetos, lo que ha llevado al PP a acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva, también en esta cuestión, hasta dónde llegan las atribuciones de cada uno de los dos poderes. Ayer los populares votaron con el resto de grupos a favor de la iniciativa del PNV, que, en todo caso, parece sólo un anticipo de una severa reforma del reglamento.
El PNV pretende que el Gobierno informe dos veces al año de cómo aplica los mandatos del legislativo