Dureza con el machismo
La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha vencido en dos denuncias por machismo.
Hay que decirle a la sociedad que una vejación machista no es ninguna broma, que es un delito”. La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha demostrado en dos ocasiones que para ella la defensa de los derechos de la mujer no se queda en una quimera y que, sobre todo, plantar cara al acoso y denunciarlo sale a cuenta.
Desde que Rodríguez pasó de ser una desconocida militante de izquierdas a líder de Podemos en Andalucía ha sufrido dos graves episodios en los que, contra su voluntad, se ha convertido en protagonista. En ambos ha reaccionado con coraje y está sirviendo como ejemplo para otras mujeres que pueden verse envueltas en situaciones similares. Y los casos se están resolviendo a su favor.
El jueves una juez de Sevilla abría diligencias previas y ordenaba que se investigara al empresario Manuel Muñoz Medina. Durante un acto institucional en la Cámara de Comercio de Sevilla, que presidió Susana Díaz, y al que acudió Teresa Rodríguez en calidad de representante parlamentaria, Muñoz Medina acorraló a la diputada y mientras pegaba su cuerpo contra el de ella simuló que la besaba en los labios colocando su mano entre las bocas de ambos. La Fiscalía de Sevilla le ha denunciado por “pisotear” la dignidad de la dirigente política con un acto “claramente sexista”.
“Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y por ello lo hago público, también por quien lo sufre y no puede denunciarlo con el altavoz que la ciudadanía me ha otorgado”, asegura la líder de Podemos Andalucía.
Rodríguez hizo público lo sucedido porque “como cargo público tengo la obligación de no dejar pasar actos de este tipo”. Muñoz Medina, que entonces era vocal de la Cámara de Comercio, fue obligado a dimitir y limitó lo sucedido la categoría de “broma” que atribuyó a que se había pasado con la bebida. La Fiscalía también entiende que no fue ninguna broma y observa que pudo haber cometido un delito tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal, que requiere pena de prisión entre seis meses y dos años para quien “infligiere a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral”.
En un auto sumamente contundente, el ministerio público considera que el propósito principal del agresor era “pisotear la dignidad de la persona ofendida”, que quería “demostrar y alardear de una repudiable e indefendible idea que preconiza la primacía del hombre sobre la mujer, obligando a ésta, para su propia humillación y vituperio, a sentirse sometida sin remedio a ese poder y ese imperio”.
La agresión en la Cámara de Comercio no ha sido el único incidente machista que ha envuelto a Teresa Rodríguez. Poco antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2015 circuló por las redes sociales una foto de una mujer practicando nudismo en una playa que se atribuyó falsamente a la líder de Podemos. Incluso fue objeto de algunos programas de televisión “que tuvieron el objetivo de perjudicarme personal y políticamente”, aunque amparados en debates sobre la privacidad de los políticos, especialmente en un programa de la televisión pública española.
Se da la circunstancia de que la verdadera propietaria del cuerpo desnudo era una joven que llevaba dos años luchando para que la retiraran de una web erótica que la publicó en primera instancia. Una lucha que le causó un grave daño moral, que se multiplicó ante la enorme difusión que se dio a la imagen. Desde el primer momento Teresa Rodríguez negó que la foto fuera suya pero la bola corrió por medios y redes sociales. La líder de Podemos presentó una queja formal contra TVE a través del Consejo Audiovisual Andaluz.
Pero el caso no terminó ahí. La mujer afectada solicitó amparo al Defensor del Pueblo andaluz y fue atendida por el entonces adjunto de esa institución Carlos del Barco, periodista, colaborador de un medio muy importante en la ciudad, exdelegado de la agencia EFE y alto cargo del PP. Del Barco pisoteó la confidencialidad de la denunciante y facilitó sus datos personales al diario ABC para que este medio pudiera hacerle una entrevista. El escándalo de la filtración sacudió a la institución y el defensor, Javier Maeztu, se vio obligado a solicitar al Parlamento el cese de Carlos del Barco, decisión que fue aprobada por todos los grupos, excepto el PP.
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