La Audiencia Nacional juzga hoy el caso Pretoria, ocho años después
La justicia sienta en el banquillo a antiguos cargos de CDC y del PSC
La Audiencia Nacional inicia hoy el juicio del caso Pretoria, una trama acusada de recalificar terrenos a cambio de comisiones, y por la que se sientan en el banquillo antiguos cargos de CDC y del PSC, algunos de larga trayectoria.
La justicia está politizada. Puede. Pero lo que es seguro es que jueces y fiscales han irrumpido al galope en la vida política de la mano de la corrupción. Hoy se inicia en la Audiencia Nacional otro juicio por la presunta manipulación de las concesiones de obras públicas a cambio de sobornos, el llamado caso Pretoria, que, aunque adelgazado, lleva al banquillo de los acusados a once personas, entre ellas, y esto es insólito, a expolíticos del PSC y de CDC al unísono. Más leña al fuego para una sociedad que asiste a un goteo incesante de revelaciones de prácticas corruptas.
En la nómina de acusados hay nombres que en otros tiempos fueron protagonistas de la política catalana. Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet por el PSC entre 2002 y el 2009. Luis Andrés García, exdiputado socialista en el Parlament de 1980 a 1988 y sindicalista renombrado. Macià Alavedra, exconseller de varios departamentos en los gobiernos de Convergència en la Generalitat. O Lluís Prenafeta, que fue secretario general de Presidència de la Generalitat y mano derecha de Jordi Pujol en el Govern. La Fiscalía Anticorrupción exige para ellos penas que van desde los trece años y tres meses para Muñoz, a 11 para García y seis años y nueve meses para Alavedra y Prenafeta. El resto de acusados son otros excargos públicos y empresarios beneficiados por las concesiones.
Y no será un juicio que se pueda aislar del momento actual. Ocurre mientras en otra sala de la Audiencia Nacional se acusa a Luís Barcenas, el extesorero del PP, o en la Audiencia de Barcelona a los saqueadores del Palau de la Música, los ínclitos Félix Millet y Jordi Montull, que han confesado ante los tribunales que desviaban fondos de los patrocinios de la institución a CDC, que recompensaba al donante con la concesión de obra pública. O mientras asistimos al goteo de novedades del sumario bautizado como del 3%, donde se acusa a Convergència de financiarse ilegalmente mediante adjudicaciones fraudulentas de contratos.
El caso Pretoria se hizo público el 27 de octubre del 2009 (el del Palau, el 23 de julio del mismo año, cuando la Fiscalía registró la institución), día en que la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. En los meses siguientes se llegó a una veintena de imputados y numerosas operaciones urbanísticas bajo sospecha, aunque al final han quedado en la causa once acusados y tres negocios inmobiliarios, amén de los sobornos a funcionarios públicos.
En el auto de conclusión de la causa, el juez Pablo Ruz describía una mecánica similar para todos los casos, consistente en el tráfico de influencias para conseguir la adjudicación de terrenos, posteriormente cambiar el adjudicatario y recalificarlos para luego venderlos a un precio superior. A cambio, viajaban en el tránsito jugosas comisiones, ocultándose
JUGOSAS GANANCIAS La trama recalificaba terrenos y cobraba comisiones en paraísos fiscales COINCIDENCIA DE CASOS Pretoria estalló tres meses después de que se conociera el escándalo del Palau
sus receptores mediante un entramado financiero que se servía de paraísos fiscales. De hecho, la investigación se extendió a seis países: Costa Rica, EE.UU., Portugal, Alemania, Suiza y Andorra. El magistrado también reflejaba las ganancias de los acusados: Prenafeta, quince millones de euros; Alavedra, seis millones; García, casi seis millones; y Muñoz, casi dos millones.
Finalmente, las operaciones supuestamente fraudulentas se desarrollaron en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Además, el fiscal también acusa por la adjudicación del contrato de limpieza de edificios públicos y centros docentes en Santa Coloma. La Guardia Civil, en sus indagaciones, llegó a constatar como Muñoz recibía un sobre del empresario beneficiado en un bar. Unas pesquisas que también contaron con numerosas intervenciones telefónicas, que reportaron suculentas y escandalosas conversaciones entre los acusados.
Pretoria reveló que, a la hora de los negocios, la militancia política no es tan importante, pues aquí encontramos personajes de peso en el PSC y en CDC, en una suerte de transposición de lo que en política se llamó sociovergencia al lado oscuro de la especulación, al que también se unían empresarios en busca de contratos ventajosos. Una trama que vivió del 2000 al 2009, según el juez Ruz, con un personaje al que el fiscal denomina conseguidor, Luis Andrés García, con el que se concertaron Alavedra y Prenafeta para obtener beneficios económicos.
Más peculiaridades: según se describe en la causa, Luis Andrés García se sirvió de una compañía holandesa para cobrar una comisión, ARD Choille. Pues bien, esta firma, instrumental, también salió a relucir en las indagaciones que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo de capitales de Oleguer Pujol Ferrusola.
Lo que se puede leer en la causa Pretoria se asemeja mucho a lo que está puesto en negro sobre blanco en otros sumarios de corrupción. A partir de hoy, Pretoria llega a juicio. En las últimas semanas, fiscal y defensas han estado negociando un acuerdo, que pasaría por rebajas de penas y pagos de abultadas multas, aunque no es seguro que estos contactos lleguen a buen puerto. Lo cierto es que los antiguos políticos que se sentarán en el banquillo ya no tienen ningún papel en la vida pública. Alavedra y Prenafeta, a los que en su día se incluía en el llamado sector negocios de Convergència, no tienen relevancia en la formación; y Muñoz y García han sido abandonados por el PSC, y se trata de personajes amortizados. Pretoria es otra gota en la persistente lluvia de casos de corrupción a la que asisten los ciudadanos. Otra irrupción de la justicia en la política. Más leña al fuego de la indignación.