El 9-N acaba en dos años de inhabilitación para Mas
oe El TSJC culpa al expresident, Ortega y Rigau de desobediencia, pero no de prevaricación oe La resolución impide al líder del PDEC at acudir a unas elecciones en ese periodo oe Puigdemont: “Lo que condena la justicia española lo indultará el pueblo en
El tribunal cree que Mas “pervirtió” el principio de división de poderes e hizo “quebrar una regla básica para la convivencia, que pasa por la sumisión de todos al imperio de la ley”.
El proceso soberanista inauguró ayer el catálogo de condenas por inhabilitación en el enfrentamiento de las instituciones catalanas con el Gobierno español y la judicialización de sus relaciones. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya castigó a Artur Mas, Ortega e Irene Rigau por la convocatoria de la jornada de participación del 9 de noviembre del 2014. Una desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional que se salda, de momento, con penas de inhabilitación de dos años para el expresident, y de un año y nueve meses y un año y medio para la exvicepresidenta y la exconsellera de Ensenyament, respectivamente.
La condena judicial, muy por debajo de las expectativas de la Fiscalía que pedía inhabilitaciones de diez y nueve años, era esperada por los estrategas independentistas y así se encajó en el argumentario del proceso con el president Carles Puigdemont al frente: “Lo que la justicia española condena, lo indul- tará el pueblo de Catalunya votando en referéndum”, “todos nos sentimos condenados”. La sentencia también alimenta la internalización del conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy en torno a la demanda de un referéndum. Mas, Ortega y Rigau llevarán sus recursos hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Ejecutivo catalán reforzará su diplomacia oficiosa exhibiendo una “condena por poner urnas”. Otro elemento internacional sirvió para alimentar el choque: la coincidencia de la sentencia con el anuncio de la primera ministra escocesa, Nicole Sturgeon, de solicitar a Westminster el permiso para convocar otro referéndum de independencia en otoño del 2018.
Tras el fallo, tampoco resultará pacífica la relación entre el TSJC y el Tribunal Supremo, que tiene pendiente la sentencia del juicio contra Francesc Homs por los mismos hechos. El tribunal catalán ha fijado su criterio al descartar el delito de prevaricación mientras que la sentencia del Supremo se retrasa precisamente por las dificultades para plasmar una condena unánime que sume la desobediencia y la prevaricación.
La sentencia sostiene que Mas no atendió las indicaciones del Constitucional ordenando la suspensión del proceso participativo a pesar de que su contenido era comprensible para cualquier “inteligencia básica”. De nada sirven, según el fallo, que Mas y hasta el exvicepresidente del Constitucional Carles Viver PiSunyer se escudaran tras supuestas dudas, más aún cuando se asumió sin reparos la suspensión de la consulta prevista anteriormente. Por el contrario, según el tribunal, Mas y
las conselleres mantuvieron vivos los preparativos “en toda su dimensión y hasta el agotamiento”. La página web, los voluntarios con seguro incluido, las urnas de cartón, los centros educativos abiertos y con ordenadores, bolígrafos, papel...
El tribunal es implacable y rehúye de los argumentos políticos que desplegaron las defensas durante el juicio. La condena se limita a un delito de desobediencia pero imputan la pena más alta posible al considerar “máxima la tensión a la que se vieron sometidos valores constitucionales tan esenciales en un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley”. No hay conflicto de deberes entre cumplir el mandato del Parlament y el cumplimiento de la reso- lución del Tribunal Constitucional. Ahí los magistrados apuntan directamente a Mas, a quien atribuyen la ruptura de una “regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica”: el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
La sentencia es un golpe pero que da alas a Mas en su papel de abanderado del proceso independentista cuando más lo necesitaba. El expresident siguió la lectura de la sentencia desde la sede del PDECat, pero compareció junto a las exconselleras sin siglas que limitaran el alcance del discurso. El mensaje de Mas fue meridiano: “El Estado español persigue a la gente por sus ideas. España tiene una democracia amputada”. Y un lema para todos: “Ho tornaria a fer”. El Gobierno del PP optó por el perfil bajo y se limitó a pedir que se acate la sentencia. Al otro lado, la ANC optó por un comunicado: “no se acepta” la condena y se hace un llamamiento a la ciudadanía a “prepararse para acompañar y defender nuestras instituciones legítimas en los meses clave desde hoy hasta el referéndum”. La hoja de ruta de la entidad prevé en la denominada operación Xirinacs acampadas indefinidas y hasta la ocupación de infraestruc-
El tribunal catalán se adelanta al Supremo, que discute un fallo más duro para Homs
turas en caso de inhabilitaciones, aunque la clave será el proceso contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Anoche, una cacerolada sirvió como protesta.
La sentencia también supone la puesta en marcha de una nueva estrategia en el Palau de la Generalitat. Puigdemont compareció ayer acompañado de Oriol Junqueras y Raül Romeva para reafirmar su compromiso con el referéndum. La imagen se repetirá. El president y el líder de ERC redoblarán sus comparecencias conjuntas, que podrían incluir un acto solemne para anunciar la fecha del referéndum. El compromiso pasa por celebrarlo antes de concluir septiembre y el calendario judicial así lo recomienda, según fuentes del Govern, aunque la CUP considera que se ha entrado en un “estado de excepción” y urge la convocatoria inmediata.
En otro terreno quedan las perspectivas políticas de los condenados. Rigau seguirá en su escaño del Parlament mientras el Supremo no confirme la sentencia. Lo de Mas está más envenenadado. Las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull han provocado la incomodidad suficiente en el PDECat como para cuestionar su papel como presidente del partido y la sentencia del TSJC , aún sin ser firme, le impide presentarse a unas elecciones bajo la actual “legislación española”. Con o sin referéndum, habrá elecciones y sólo Puigdemont tiene esa sartén por el mango.
LA RESPUESTA SOBERANISTA La ANC pide a la ciudadanía que esté lista para “defender las instituciones”