Alavedra negocia un pacto en el juicio del caso Pretoria
La Fiscalía podría rebajar penas a cambio de multas millonarias
Los juicios son a veces como los combates de boxeo, y los primeros asaltos son de tanteo. Algo de eso ocurrió ayer en la primera jornada de la vista sobre el caso Pretoria, de corrupción urbanística. La fiscal encargada del caso, Ana Cuevas, cerró pactos con dos de los procesados, cuyo protagonismo es secundario en la causa. Pero puede haber acuerdos de mayor envergadura. El intento alcanza a los principales encausados, y tiene visos de prosperar en el caso del exconseller de Economia Macià Alavedra. Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él en sus conclusiones provisionales una pena de 6 años y 10 meses de prisión, y una multa de 10,3 millones de euros. La negociación supondría una rebaja en cuanto a la pena de cárcel. Está por ver qué sucedería con la económica. En medios próximos al proceso se da una cifra aproximada a los 7 millones de euros. La cantidad definitiva depende del curso de la negociación. En todo caso no estaría por debajo de los 6 millones de euros. La fijación de la cuantía, en todo caso, no es caprichosa. Habrá ciertos márgenes, pero lo que la Fiscalía persigue es que se restituya aproximadamente la suma que se quiso blanquear.
La fiscal, en todo caso, no ha dado nada por definitivo. Se remite al momento del juicio oral en que tendrá que elevar sus conclusiones provisionales a definitivas. Así se lo expuso ayer a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en sus primeras intervenciones en la vista oral. Eso supone que primero tendrá que practicarse toda la prueba prevista para el juicio. Es decir, que tendrá que declarar el propio exconseller de Economia y todos los procesados –excepto los dos que ya han cerrado el acuerdo, dos acusados de actuar como testaferros de Alavedra–, más los testigos y peritos. Es a la vista del conjunto de la prueba practicada cuando la fiscal encargada del caso, Ana Cuevas, fijará una posien ción definitiva sobre el posible acuerdo con el exconseller.
Para la Fiscalía, es esencial comprobar qué está dispuesto a contar Alavedra. Lo que se le ha pedido para que pueda prosperar algún tipo de acuerdo es que diga toda la verdad sobre los hechos que conozca relacionados con las operaciones urbanísticas de las que se habrían derivado las ilícitas ganancias. Por eso ayer la fiscal Ana Cuenca condicionó ante el tribunal la vigencia del acuerdo a lo que el exconseller explique a lo largo de su interrogatorio. Alavedra, en suma, muy probablemente evitaría con el pacto todo riesgo elevado de sufrir pena de prisión, pero no eludirá una declaración la que tendría que contar con todo detalle las operaciones urbanísticas supuestamente fraudulentas de las que está acusado, y el curso dado a las comisiones cobradas por participar en tales negocios presuntamente ilícitos.
No hay indicios de pacto alguno, en cambio, entre la Fiscalía y el exsecretario de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta, procesado en esta causa junto a su esposa, Maria Lluïsa Mas. Y tampoco ha habido movimientos de aproximación con la fiscal por parte de otros procesados que tuvieron cargos políticos, como el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz o el exdiputado del PSC Luis García, más conocido como Luigi en este proceso.
Los dos acusados que han cerrado un acuerdo y que podrán ausentarse del juicio son Philip McMahan y Gloria Torres. Ambos han aceptado con el pacto que tomaron parte en las actividades de “ocultación y reinversión” de fondos. Para ello se valieron de un entramado de sociedades instrumentales.
La Fiscalía pedía para McMahan 3 años y 6 meses de prisión y para Torres 2 años y 6 meses. En ambos casos la solicitud se rebaja ahora a 6 meses y una multa de 315.000 euros.
La Audiencia rechazó ayer una serie de cuestiones previas, desde la prescripción de algunos delitos hasta la impugnación de los pinchazos telefónicos. Hoy comenzarán los interrogatorios. En la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares lo que va a pasar por el escáner judicial es una serie de operaciones con las que, según la Fiscalía, se defraudaron hasta 45 millones de euros.
EL PRIMER ACUERDO No hay pacto por ahora con Prenafeta y con los dos excargos socialistas imputados LA DECISIÓN La Audiencia rechaza anular los pinchazos telefónicos, básicos en la investigación