Alfonso Grau
La Fiscalía observa en el sumario del caso Taula una “dinámica delictiva” del PP
EXVICEALCALDE DE VALÈNCIA El sumario del caso Taula ha sacado a la luz que el adjunto de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València pagó en metálico un total de 350.000 euros para financiar gastos de la campaña electoral del 2007 de la candidata del Partido Popular.
La unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado con su investigación la sospecha de que el PP valenciano de Rita Barberá financió ilegalmente sus campañas electorales municipales. Así, en la parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa (denominado caso Taula) se recoge, a partir de la declaración de un testigo, que el exvicealcalde de València Alfonso Grau entregó presuntamente 350.000 euros en billetes de 500 para sufragar los gastos de la campaña del 2007.
Se trata de la declaración de Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau, quien el pasado diciembre afirmó ante la UCO y ante el juez instructor que cuando trabajaba en Laterne, la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal del PP, Grau le entregó ese dinero. Asimismo, relató que, por orden del exvicealcalde, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar cobertura a esa entrada de dinero “y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP”.
“Como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, se eliminaron (de las facturas) las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política”, según dijo al juez.
En paralelo, Laterne también emitió facturas por conceptos falsos a las empresas adjudicatarias de contratas municipales que habían entregado dinero para costear la campaña de Barberá.
La pieza forma parte de la instrucción en la que están imputados un total de 50 personas entre concejales, asesores y trabajadores del PP. Y que obligó a la exalcaldesa y exsenadora Rita Barberá a declarar ante el Tribunal Supremo en su condición de aforada.
Esta investigación se inició por el denominado pitufeo, sobre el presunto blanqueo de 50.000 euros en la campaña del 2015 a partir de la donación de 1.000 euros cada uno que después se recuperaban en negro. Ahora, sin embargo, las investigaciones de la UCO apuntan a que la presunta financiación ilegal del PP de Rita Barberá había comenzado mucho antes y con cantidades mayores, con una amplia red de complicidad de empresas privadas que colaboraron. El juez aprecia indicios de malversación, cohecho y delito electoral en la supuesta actuación del grupo municipal popular.
Así lo aprecia también la fiscal del caso Taula, que observa una “dinámica delictiva (...) que, lejos de ser accidentes aislados, revela un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen”.
El juez Gómez abrió la subpieza secreta en noviembre a petición de la Fiscalía y la UCO, tras observar indicios de “aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas” a aquella campaña. Entre las empresas citadas como donantes se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial.
Los investigadores sospechan que fundaciones controladas por el PP valenciano en esos años pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne.