El independentismo cierra filas mientras la oposición aplaude el fallo
El PDECat, ERC y la CUP tachan de “vergonzosa” y “antidemocrática” la decisión
Aunque por diferentes motivos, tanto el bloque independentista como la oposición vieron en la sentencia del 9-N la oportunidad para alentar a sus filas. Mientras el PDECat, ERC y la CUP arrimaron el hombro y consideraron la decisión judicial como un estímulo más para sacar adelante el referéndum, las formaciones contrarias aseguraron que la sentencia es una advertencia al proceso catalán.
Una de las primeras en reaccionar fue la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, quien lamentó que mientras Escocia anunciaba un segundo referéndum de autodeterminación, en Catalunya se inhabilita a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau “por hacer posible el voto el 9-N”. En esta línea, el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, animó a seguir adelante con la consulta: “Ahora, más que nunca, referéndum o referéndum”.
Igualmente, ERC reiteró que el proceso independentista no parará, “por mucho que inhabiliten a políticos por poner las urnas, hagan un Tribunal Constitucional” a su medida o “fabriquen pruebas desde las cloacas del Estado”. El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià acusó al Estado de “encarcelar a la democracia”. Un paso más dio la CUP, que insistió en desacatar la sentencia, porque es “la única manera de conseguir la independencia”. Ante la decisión de los jueces, la diputada cupera, Mireia Boabandonar ya, consideró “muerta” la vía pactada para celebrar el referéndum y aseguró que en Catalunya “el estado de excepción ya ha empezado”.
La ANC y Òmnium denunciaron que el fallo del Tribunal Supremo “inhabilita la democracia” y aseguraron que no lo aceptan.
Asimismo, comunes y socialistas coincidieron en remarcar que las cuestiones políticas no deben resolverse en los juzgados. Xavier Domènech, líder de En Comú Podem, lamentó que en democracia “poner urnas no puede ser delito”. También el líder de ICV, David Cid, se mostró contrario a la judicialización de la política, pero instó a Mas la presidencia del PDECat por los presuntos casos de corrupción que salpican a su partido.
De igual modo, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, defendió que todavía se puede “rectificar el rumbo actual” que tienen el Gobierno central y el Govern. “El camino de la judicialización no conduce a nada”, insistió. Sin embargo, Illa apuntó ayer que su partido “acata y respeta” la sentencia a la vez que manifestó que saltarse la resoluciones del Tribunal Constitucional “tiene consecuencias”.
Cs se mostró más contundente. Su portavoz, Carlos Carrizosa, afirmó que la sentencia demuestra que la democracia y sus instituciones funcionan, al tiempo que sirve como “advertencia” para que el Govern no continúe con sus planes para celebrar un referéndum independentista. Carrizosa subrayó en este sentido que en España “no se juzga a nadie por sus ideas sino por incumplir la ley”.
Por su parte, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, dijo sentirse “reconfortado” por la decisión del TSJC ya que es una demostración de que “quien la hace la paga” y, a su vez, un “aviso” para el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras en sus planes de futuro.
Cs y PP ven una advertencia a Puigdemont, y el PSC afirma que saltarse la ley tiene consecuencias