El PP, satisfecho: “La justicia pone a cada uno en su sitio”
El PSOE ve en el fallo el resultado lógico de la desobediencia
La mayoría de los partidos de ámbito estatal ya se esperaban la sentencia que inhabilita a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N, pero ayer todos intentaron contener su reacción y se pronunciaron con la sobriedad propia del hecho de que se haya inhabilitado a un expresident.
Sin alegría, para que no se notara la satisfacción con la que internamente algunos acogieron la noticia y también por la convicción de que una reacción satisfactoria estimula a los independentistas.
No obstante, el PP fue rotundo sobre la sentencia: “La justicia pone a cada uno en su sitio”. El encargado de exponer la valoración del partido fue el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección que presidió Mariano Rajoy.
El Gobierno se limitó, como es habitual en estos casos, a subrayar que el Ejecutivo no comenta las decisiones de los jueces, y que respeta la independencia judicial.
En el PP, el discurso fue menos comedido: “La inhabilitación de un president es una noticia triste”, dijo Casado, quien, no obstante, no ocultaba su satisfacción porque la sentencia supone el aval de la postura mantenida por el Gobierno.
Por eso el mensaje desde el PP fue muy claro: “El Gobierno va a hacer cumplir la ley, y los tribunales van a garantizar que la ley se cumple”, dijo Pablo Casado, para quien lo que queda claro después de esta resolución es que “nadie está por encima de la ley, que las instituciones funcionan, y que nadie puede intentar quebrar la convivencia de los catalanes sin que al final el Estado de derecho funcione”. Para concluir que “todos los españoles y especialmente los catalanes, pueden tener la certeza de que no va a existir impunidad”.
El PSOE, que siempre ha estado al lado del Gobierno en este asunto, se expresó también con contención pero con contundencia. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, subrayó que la sentencia “es la consecuencia lógica del incumplimiento y la desobediencia a una resolución del Tribunal Constitucional y a las reglas de juego”.
Por este motivo, los socialistas consideran que lo que se debe esperar “es que todos acatemos y respetemos esa sentencia”, empezando por los afectados, por la Generalitat y por el PDECat, que deberían respetar la sentencia, en vez de criticarla, porque deben “respetar la democracia”.
En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que la sentencia demuestra “que en los estados de derecho los políticos no están por encima de las leyes ni de los tribunales”, sino que “estamos para cumplir las leyes o para modificarlas, pero no para saltárnoslas”.
De entre los partidos de ámbito estatal, sólo Podemos tuvo una reacción discordante, porque, en línea con lo que mantienen los partidos soberanistas, considera que poner las urnas para que los ciudadanos voten “no puede ser un delito”. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, subrayó, no obstante, que Podemos respeta las sentencias, “pero podemos no estar de acuerdo con su contenido, y en este caso no lo estamos”. El dirigente de Podemos subraya que no les gusta que se judicialice la democracia, y que Mas y su partido “están implicados en hechos que sí nos parecen muy graves, pero –insistió– poner las urnas no puede ser un delito”.
El PNV, por otro lado, se mostró partidario de que las discrepancias políticas se resuelvan con el diálogo, no acudiendo a los tribunales, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, pidió al Estado “que tome conciencia de su propia realidad plurinacional y actúe en consecuencia: “Urge habilitar un acercamiento institucional y político”.
Podemos sigue sin compartir que poner urnas para que voten los ciudadanos pueda ser un delito