Más allá de la sentencia
ARTUR Mas i Gavarró, presidente de la Generalitat de Catalunya entre el 2010 y el 2016, acaba de ser condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a dos años de inhabilitación por el delito de desobediencia en la organización de la consulta informal sobre la independencia de Catalunya, que tuvo lugar el 9 de noviembre del 2014 con una participación de 2,3 millones de ciudadanos, bajo una evidente permisividad del Gobierno central. La misma sentencia condena a 21 meses de inhabilitación a la entonces vicepresidenta Joana Ortega, y a 18 meses a Irene Rigau, exconsellera de Ensenyament. Los tres condenados deberán pagar sendas multas. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía pedía penas notablemente superiores –en el caso de Artur Mas, diez años de inhabilitación– por desobediencia y prevaricación, delito este último del que los tres acusados han resultado absueltos. Las condenas no serán firmes hasta la casación, pero las últimas modificaciones introducidas en la ley electoral general impedirían que Mas fuese candidato a unas elecciones al Parlament, en el caso de que estas fuesen convocadas antes de la sentencia definitiva del Supremo.
Tomando como referencia la petición fiscal podría hablarse de una sentencia comedida: los diez años de inhabilitación se ven reducidos a dos y no hay delito de prevaricación. No creemos, sin embargo, que pueda hablarse de una condena benévola o benigna. La inhabilitación durante un periodo de dos años del presidente del principal partido de la coalición de gobierno en Catalunya, por una iniciativa que fue desautorizada por el Tribunal Constitucional, pero que a efectos prácticos fue permitida por el Gobierno español, no es una circunstancia menor en el actual momento político que vive el país. No lo es.
Un amplio segmento de la política catalana, incluida la alcaldesa de Barcelona, expresó ayer su disgusto por la condena de Mas, Ortega y Rigau. La opinión soberanista está irritada, pero a ese legítimo sentimiento se le superpone otra exigencia ciudadana, estos días ampliamente compartida: la exigencia de claridad a la antigua CDC en lo que respecta a su financiación, tras las escandalosas confesiones en el juicio del caso Palau y las indagaciones que han salido a la luz en la investigación que dirige el juez de El Vendrell. Artur Mas será estos días objeto de homenaje de los suyos, y a la vez deberá comparecer ante el Parlament para dar explicaciones sobre la financiación de su partido.
La situación en Catalunya es enormemente complicada y sólo tiene una salida: la negociación política. Como señala un reciente informe de la fundación alemana Konrad Adenauer, próxima al partido de la canciller Angela Merkel, la cuestión de Catalunya no se puede resolver sólo con jueces y policías. Un nuevo encuadre de Europa va a salir del ciclo electoral en curso estos meses en diversos países de la Unión. Y con ese nuevo encuadre, esperamos que constructivo, la cuestión de Catalunya ha de poder salir del actual laberinto. No hay una mayoría social rotundamente rupturista, pero la amplia corriente de disenso no puede ser inhabilitada. La legalidad no puede ser violentada, pero el pacto político es más necesario que nunca. La salida del laberinto, que exige tiempo, paciencia y talento, debería comportar el reintegro de derechos a los políticos ahora condenados. El Gobierno tiene instrumentos para ello.