Inhabilitación

Las coincidencias son como las armas, las carga el diablo. Y, desde luego, en este caso vienen cargadas de plomo. En la misma página de la web de La Vanguardia podemos leer dos noticias codo a codo. “Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por el 9-N”, dice la primera, y, un poco más abajo, “Sturgeon iniciará los trámites para un nuevo referéndum de independencia en Escocia”, reza la segunda. Es decir, en el mismo espacio (Europa), tiempo (el siglo XXI) y día, un Estado habrá condenado a unos líderes políticos por hacer una protesta cívica a favor de la democracia, y otro Estado se preparará para acoger, con tranquilidad, las urnas. Gran Bretaña y España, la democracia frente a la represión, la modernidad ante la Contrarreforma, la madurez de un Estado frente a otro asustado, inseguro e incapaz, que necesita forzar las leyes y ejercer la fuerza para reprimir la voluntad ciudadana.

Por supuesto, podemos analizar los pormenores: si la sentencia ha sido dura o blanda, si habrá recurso, etcétera. En este punto, soy de las que habían adivinado la naturaleza de las penas: culpabilidad, pero baja inhabilitación, que parece una manera de cumplir con la exigencia del Ejecutivo pero intentar salvar algo de la honra judicial. Aunque lo cierto es que importa poco, porque en un juicio de intenciones políticas, forzado por un Gobierno de Estado, sin apenas pruebas y con una Fiscalía obligada a armar una acusación artificial, lo de menos es la duración de la inhabilitación. Lo único válido es la culpabilidad, porque ahí radica la baja salud del Estado de derecho, que, justamente, debería avalar derechos fundamentales. Este es un juicio político, de naturaleza política, exigido por un Gobierno incapaz de hacer política, forzado por una Fiscalía politizada y ejecutado por un tribunal políticamente disciplinado. Podrán repetir hasta la saciedad que había culpa, relato penal, recorrido judicial, y con la misma saciedad seremos millones los que no lo creeremos. En un Estado donde el propio Ejecutivo incumple resoluciones del TC cada vez que le da la gana, resulta alucinante que se sentencie por desobediencia a alguien por una protesta con urnas.

Nunca el TC fue claro, ni respondió a las preguntas del Govern, ni prohibió un happening con urnas, nunca nada de esto tuvo ningún sentido.

O tiene mucho sentido, pero a la inversa del sentido común. Porque, aunque hay un esfuerzo ingente por crear una posverdad que camufle la realidad, lo cierto es que todos, a lado y lado de la posición, sabemos por qué pasa todo esto, y no tiene nada que ver con lo penal: pasa porque España tiene una insalubre calidad democrática, tiene pánico a las urnas catalanas y no tiene apuros en usar la fuerza. Se trata del verbo imponer por encima del verbo decidir. De ahí que hoy no hayan inhabilitado a tres líderes catalanes, han inhabilitado a la democracia española.

Este es un juicio político, de naturaleza política, forzado por un Gobierno incapaz de hacer política