La Vanguardia

Una moto en el rellano

La presidenta de una comunidad de vecinos de Terrassa batalla contra las ocupacione­s de los pisos vacíos de su inmueble propiedad del banco

- MAYKA NAVARRO Terrassa

Hace nada que ha empezado a dormir un poco más tranquila y que puede cerrar, por fin, los dos ojos sobre la almohada. En el último año y medio. Sandra Rodríguez Loreto, la presidenta de una comunidad de vecinos de un barrio obrero de Terrassa, lidera una batalla con tintes épicos contra los ocupas de su edificio. De los siete inquilinos que llegaron a vivir ilegalment­e, sólo queda uno, pero no baja la guardia. Junto al resto de vecinos intenta que siempre haya uno de guardia en el edificio por si se produce un nuevo intento de ocupación. Parece cosa de locos, pero incluso comparten un grupo de WhatsApp en el que se alertan de cualquier ruido desconocid­o. A los extraños que se asoman por esta escalera se les somete a todo tipo de preguntas. No se fían de nadie.

“Nos ha costado muchísimo que se vayan y ahora no vamos a consentir que vuelvan a convertirs­e en nuestros vecinos gente que ni sabe convivir, ni quiere, ni están en situación precaria para ocupar un piso por la cara”, asegura la presidenta. Su bloque ilustra la situación de muchos otros inmuebles en Catalunya. Obra de una constructo­ra, cuando la empresa quebró el BBVA se quedó con el edificio. Sandra compró su piso en el 2011, pero no se trasladó hasta octubre del 2014. En ese momento, sólo habían cuatro vecinos, tres de alquiler y la propietari­a del bajo.

Todo fue muy rápido. “Alguien debió de saber que la finca estaba vacía y era propiedad de un banco porque en pocos días, cuando nos quisimos dar cuenta, todos los pisos por vender fueron ocupados”, recuerda. La mujer que se hizo con el primero primera pagó 600 euros por la llave del piso y la de la portería. En el precio estaba incluido el enganche ilegal a la luz. Una cantidad parecida abonó el inquilino que ocupó el primero cuarta, aunque en ese piso ya son cinco personas a las que se han revendido las llaves. “El último contaba todo serio que la casa era suya, que la había comprado por 95 euros”, recuerda Sandra con humor, aunque en ese momento le hervía la sangre de impotencia. “Nuestro problema no era que vivieran por la cara, sino que nunca se comportaro­n como vecinos. No sentían empatía por la finca y entre unos y otros destrozaro­n los espacios comunes. Por no hablar de los ruidos, los gritos, la moto estacionad­a en el rellano... Una pesadilla”.

Durante los últimos meses y ante la incansable insistenci­a de Sandra, el banco designó un mediador para que negociara con los ocupas. “Les han ido pagando para que se fue- ran” ¿Cuánto dinero? “Ni idea, pero ninguno se fue llorando, al contrario. Seguro que ya están en otro de los pisos que se pueden ocupar comprando una llave. Hasta que les vuelvan a pagar para irse de allí”, relata la presidenta, que insiste en que los ocupas que vivieron en su comunidad no eran personas sin recursos sino “jetas consumados que han encontrado en la ocupación social una forma de vivir del cuento y conseguir un dinero fácil cada vez que les echan”.

En cuanto el banco ha logrado vaciar un inmueble, sus responsabl­es han mandado instalar una puerta de seguridad antiocupas. Pero tienen que actuar con rapidez. En la vivienda del 2º 2ª, casi no llegan a tiempo. El ocupa dejó la casa nada más cobrar y los operarios que colocaban la puerta se retrasaron. “Llamé varias veces al banco asustada porque sabía que intentaría­n ocupar de nuevo el piso”. Y casi lo consiguen.

Ese día, un vecino regresó por un imprevisto a su casa al mediodía y se encontró a un joven esperando junto a la puerta del piso recién desalojado. “El chaval contó que estaba esperando a que le dieran una llave que había comprado”. El vecino logró disuadirle y el joven se marchó, pero apenas dos horas después tres hombres lograron entrar y encerrarse dentro del piso.

Los vecinos no tiraron la toalla. Coordinado­s con los mediadores del banco y dos vigilantes contratado­s por la entidad, aprovechar­on un descuido de los tres hombres que abandonaro­n la casa para empezar la mudanza para reconquist­ar de nuevo el inmueble. Los dos vigilantes se parapetaro­n en la puerta hasta que esa misma noche una empresa de puertas blindadas colocó una de acero que, hasta ahora, nadie ha logrado manipular.

Pero la batalla de Sandra y sus vecinos no ha terminado. Ahora intenta que el banco asuma los gastos de los desperfect­os que ha sufrido la comunidad en el último año y medio, por el vandalismo de algunos de los ocupas que han pasado por allí. Con su determinac­ión, no parará hasta conseguirl­o.

Todos los vecinos pagaron por la llave de la vivienda; sólo queda un inquilino ilegal Mediadores del banco pagaron a todos los ocupas para que dejaran las casas

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CÉSAR RANGEL Sandra Rodríguez frente a una de las puertas antiocupas de su escalera

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