Sube un 15% la inversión en salud mental, que prima a niños y mayores
“Aún estamos lejos del objetivo”. Así lo admitió ayer el presidente Carles Puigdemont durante la presentación del Plan Integral de Atención a las Personas con Trastorno Mental, que prevé en los próximos tres años paliar algunas de las carencias del abordaje de la salud mental en Catalunya. Niños y adolescentes por un lado, y las personas mayores por otro son los objetivos prioritarios de un plan en el que se incluirá la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas con trastorno mental siguiendo la convención de la ONU para garantizar la igualdad de oportunidades.
El plan es concreto, tiene fechas y cuenta con el presupuesto de salud mental de la Generalitat para el 2017, que es de 575 millones, un 15% más que en el 2016, según subrayó Puigdemont. Para empezar, se mantienen los programas de lucha contra el estigma que afrontan estos colectivos, que en muchas ocasiones daña más que la misma enfermedad.
En cuanto a infancia y adolescencia, se propone la integración funcional de los centros de desarrollo infantil y de atención precoz (CDIAP), los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) y los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP). Asimismo, se diseñará un modelo de atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociado a trastornos mentales y se diseñará un itinerario personalizado para los menores.
Los representantes de las asociaciones de salud mental que tomaron ayer la palabra en el Palau de la Generalitat subrayaron la necesidad de avanzar en los derechos, y para que las personas afectadas puedan participar activamente en los procesos de atención, una reivindicaciones que deben plasmarse en la citada carta en el 2018. En este contexto, se incluye una referencia explícita a la necesidad de reducir el número de contenciones (limitación por vía física del movimiento de una parte del cuerpo) hasta llegar a eliminarlas.
El documento, con 29 objetivos y 71 actuaciones, apuesta también por promover la inserción laboral de las personas adultas con trastornos mentales graves y adicciones. La Administración Pública tomará la bandera y elaborará una serie de propuestas para facilitar la contratación. También se considera imprescindible el apoyo a las familias y establece la necesidad de mejorar la atención en salud mental en el ámbito judicial y en las prisiones. Se hace especial mención también a las personas mayores debido a la concurrencia de enfermedades orgánicas, trastornos mentales y problemas sociales. Y se advierte que son las personas de 85 años y más las que tienen las tasas más altas de suicidios.