El Govern utilizará a los condenados por el 9-N como ‘embajadores’ del proceso
La exconsellera Rigau no tiene intención de dejar su escaño por ahora, pese a la pena impuesta de un año y seis meses de inhabilitación
El Govern anunció ayer que los tres condenados por desobediencia al Constitucional a raíz de la celebración del 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, explicarán fuera de Catalunya “la fobia y el pánico del Estado a la democracia”. Precisamente, Rigau, condenada a un año y medio de inhabilitación, dijo que no piensa dejar su escaño en el Parlament.
Quedó claro desde el primer momento que la sentencia del 9-N, lejos de frenar las aspiraciones del bloque independentista, se convertía, de hecho, en un estímulo. Lo reafirmó el lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y lo ratificó ayer el Govern con el anuncio de que cuenta con Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, los tres condenados, para hacer pedagogía en el mundo sobre la causa catalana. “Su inhabilitación judicial, que no política, los convierte en los mejores expositores para explicar en primera persona cómo de frágil es la democracia en el Estado español”, subrayó Neus Munté después de que el Govern aprovechara la habitual reunión de los martes para analizar de forma más pausada el alcance del fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La idea es que el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta del Govern y la exconsellera de Ensenyament se conviertan en una especie de embajadores que expliquen dentro y fuera de Catalunya el porqué de las demandas soberanistas. Un cometido que en muchos casos ya llevan a cabo, allí donde se les requiere, pero que a partir de ahora podrán desempeñar con el “conocimiento de causa directo” de ser los primeros condenados por el proceso catalán y al que la propia portavoz del Govern prevé que en breve pueda sumárseles, una vez se conozca la sentencia del Tribunal Supremo (TS), Francesc Homs. El Govern, no obstante, todavía “no ha pensado en ninguna acción concreta” que puedan realizar, “pero su experiencia personal, su testimonio, su bagaje y su coraje pueden ayudar a que se entienda mejor qué queremos en Catalunya”, destacó la consellera de Presidència.
“El Govern quiere contar con ellos para hacer aún más pedagogía de lo que está sucediendo en España, que nos consta que preocupa en determinadas instancias de Europa, y allí donde nos podamos explicar lo haremos”, remachó Neus Munté, que insistió en la crítica a una “sentencia malévola” que denota, a su juicio, “la fobia y el pánico del Estado a la democracia” y es “un paso más en la constatación de que no hay ningún tipo de voluntad de encontrar una solución política”. Y ante esta situación relató que la respuesta del Govern será “más democracia y más entusiasmo por ejercerla” con la celebración del referéndum, porque, “que la sentencia quiere ser un aviso, ya contábamos con ello”, pero “a ningún miembro del Govern no le tiemblan las piernas por ejercer el mandato democrático a pesar de los avisos y las amenazas”.
Los tres condenados recibieron
PLANTAR CARA El expresident llama al soberanismo a “saber aprovechar” la condena del TSJC
La historia vuelve a repetirse. La reforma del reglamento para la ruptura exprés tendrá tan sólo dos ponentes: Junts pel Sí y la CUP. Sucedió lo mismo cuando se crearon las tres ponencias en el Parlament para las tres leyes de desconexión. Ahora, la oposición vuelve a negarse a participar, alegando que los cambios que pretende hacer la coalición liderada por el PDECat y ERC están pensados expresamente para acelerar la ruptura con el Estado con la aprobación en una sola sesión de la ley de Règim Jurídic, conocida como ley de transitoriedad jurídica. El independentismo asegura que la norma daría cobertura al referéndum de autodeterminación que Carles Puigdemont prometió convocar aunque no sea pactado.
La creación de la ponencia conjunta fue aprobada ayer por la Mesa del Parlament. Pero con el voto contrario de Ciudadanos, el PSC, Sí que es Pot y el PP, que no quieren ponerse “al servicio de una determinada estrategia partidista”, como expresó el portavoz de Sí que es Pot, Joan Coscubiela.
Ciudadanos razonó que la ponencia conjunta dejar de serlo al no presentarse todos los grupos. “No es conjunta”, subrayó el portavoz Fernando de Páramo, que añadió que “en el nombre está la trampa y nos quieren tomar el pelo”. Además, no descartó presentar nuevamente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
En cambio, el PSC sí que rechazó recurrir al TC, o al menos por ahora. Así lo afirmó Ferran Pedret, portavoz de los socialistas, que recordó las similitudes que, a su parecer, tiene el caso con las ponencias de las leyes de desconexión anuladas en diciembre por el Alto Tribunal. “Ahora el caso es el mismo, y entendemos que hay una sentencia muy clara”, apuntó. Pedret consideró que la reforma del reglamento es una vía para “blanquear” la aprobación final de estas tres leyes.
Tampoco CSQP está de acuerdo con la ponencia que promueve JxSí. Coscubiela la tildó de “error” y dijo que su formación no contribuirá a la “degradación de la vida política del Parlament”. Ahora bien, descartó presentar un recurso al TC, porque “los conflictos políticos se tienen que resolver en la política”.
El PP en Catalunya todavía no ha tomado una decisión firme. Su portavoz, Alejandro Fernández, va a apostar por consensuar una estrategia común con el resto de la oposición. Por su parte, a pesar del rechazo, el portavoz de Junts pel Sí, Roger Torrent, avisó a todos aquellos grupos que no participarán que “tendrán que dar explicaciones”, porque “tomar parte en la ponencia es, aparte de un derecho, una responsabilidad y una obligación”.