Bartomeu Muñoz dice que no cobró “ni un euro” en comisiones
La fiscal de Pretoria exhibe muchas pruebas contra el exalcalde de Santa Coloma
“No recibí una comisión ni de un millón, ni de un euro ni de diez millones de euros”. Con esta contundencia quiso expresarse ayer el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, para negar en el juicio del caso Pretoria en la Audiencia Nacional que se hubiera lucrado con operaciones ilícitas al frente del citado municipio.
Bartomeu sostuvo un largo pulso, de más de tres horas, con la fiscal encargada del caso, Ana Cuenca. La fiscal trató de acorralar al exalcalde de Santa Coloma haciéndole preguntas directas sobre operaciones y decisiones concretas. Y luego, cuando llegaba la negativa de Bartomeu Muñoz, pedía al tribunal que se escucharan la grabaciones en la que el acusado conversaba con más o menos desparpajo sobre la iniciativa controvertida.
El interrogatorio tuvo carácter de pulso porque la fiscal dio un repaso muy exhaustivo a la gestión de Muñoz, pero a su vez el exalcalde no se arredró en ningún momento. Por ahora, su defensa mantiene una calificación de los hechos en la que pide que se dicte una sentencia absolutoria. Y Muñoz se aferra a esa posibilidad, negando que tras sus actuaciones y sus conversaciones telefónicas grabadas se escondieran proyectos e intenciones de lucro ilícito.
De este modo, su tesis es que allá donde, según las grabaciones, descalifica o menosprecia a terceros por oponerse a sus criterios no debe entenderse que estuviera hablando en esos términos porque pretendiera un negocio ilícito, sino por ser un responsable municipal más o menos convencido o vehemente. Para la fiscal del caso, en cambio, es obvio que existen demasiados indicios de aprovechamiento del cargo.
En este sentido, Ana Cuenca puso el acento en numerosos datos. Por ejemplo, sobre quién pagó la reforma de una casa de Muñoz en Rupià; o qué supuestas gestiones hizo el exalcalde para que un ático situado justo al lado del que él habitaba acabara, según la Fiscalía, a su disposición por cuenta de un constructor que lo habría pagado. Más preguntas: en qué condiciones la empresa encargada de la limpieza municipal renovó su contrato y a cambio de qué o, para terminar, cómo y en qué condiciones su madre asumió la firma de unos acuerdos de compraventa con los mismos socios que formaban parte de la trama de comisionistas que se beneficiaron del principal negocio de este caso, la recalificación y venta de La Pallaresa. Una operación que en una de las operaciones de compraventa reportó unos beneficios de doce millones de euros a unos inversores que entraron y salieron del negocio en poco más de dos meses.
La tesis de la Fiscalía es que el exdiputado del PSC Luis Andrés García, apodado Luigi, intervino en los cambios del proyecto inicial, realizados con evidente ánimo de lucro. Pero aquí la negativa de Bartomeu también fue rotunda. La fiscal sostiene que los terrenos de La Pallaresa fueron vendidos a empresas afines, y luego se efectuaron modificaciones de los planes de uso iniciales. Con ello se buscó una revalorización de los mencionados terrenos y derivado de ello el cobro de comisiones. Pero según Bartomeu no hubo nada de ese. Y además “Luigi no revisaba los pliegos de los concursos públicos, seguro que no”.
El hecho, en todo caso, es que, según la fiscal, los terrenos se adjudicaron en el 2001 por algo más de 11 millones de euros y en el 2005 se vendieron por 28. Tan cuantiosa revalorización obedeció al cambio de usos urbanísticos que, según Muñoz se hicieron a petición de los adjudicatarios que querían garantizar la viabilidad de su inversión.
Muñoz, en suma, hizo una autodefensa rocosa de su gestión y de sus decisiones al frente del ayuntamiento. Paralelamente, la fiscal le persiguió con un cúmulo de acusatorios pinchazos telefónicos que, Muñoz, por consejo de su abogado, se negó a comentar.
El exmilitante socialista efectúa una autodefensa rocosa, pero la fiscal le hace oír grabaciones comprometedoras