La deriva mafiosa de ocupar pisos
EL derecho a la propiedad puede resultar antipático y gozar de mala prensa en tiempos de crisis, pero es un principio importante, muy importante, porque está en la base de la convivencia. Las autoridades locales de varios municipios de Catalunya han dado la señal de alarma sobre un fenómeno delictivo en auge: las redes mafiosas que venden las llaves de pisos vacíos a ciudadanos que tampoco parecen tener muchos escrúpulos ante una transacción ilegal. Unas veces se trata de pisos propiedad de bancos y otras, de viviendas sociales o particulares, con el agravante de que los ocupan personas cuyo principal interés es sacar tajada económica de la situación.
La burbuja inmobiliaria y sus consecuencias difuminaron la línea roja de la propiedad, dando alas a la teoría de que todo ciudadano sin vivienda propia estaba legitimado para entrar a vivir en pisos ajenos. Mientras bancos y administraciones han tratado de hallar fórmulas que encaucen esta necesidad social, los colectivos okupas y las redes mafiosas han actuado y se han hecho con viviendas ajenas, con la paradoja añadida de que la legislación dificulta desalojar a estos inquilinos. He aquí un buen negocio para personas sin escrúpulos que se atrincheran en unos supuestos derechos para vivir del cuento u obtener un dinero –a modo de extorsión– a la espera de ocupar el siguiente piso y cobrar del siguiente damnificado. El fenómeno ha sido denunciado esta semana por los ayuntamientos de Mataró y Terrassa, entre otros, donde estas mafias han llegado a controlar edificios enteros. En ciudades como Barcelona, las ocupaciones ilegales han subido un 66% en tan sólo medio año, pasando de 642 casas ocupadas en el 2015 a 1.065 en el primer semestre del 2016, según datos facilitados ayer por el grupo municipal del PP.
Es inadmisible que el propietario de una vivienda no pueda acceder a ella porque alguien la ocupa después de haber cambiado el cerrojo o tras pagar a un mafioso, a precios irrisorios. Y es aún más frustrante que el circuito legal favorezca al ocupante, que, en el mejor de los casos, vivirá unos meses sin pagar alquiler y posiblemente tampoco los servicios de agua y luz.
El PDECat recabó ayer el apoyo de PP, Ciudadanos y el PNV para que el Congreso admita a trámite una proposición de ley encaminada a agilizar los desahucios en casos de ocupación cuando se trata de “proteger a los pequeños propietarios y a las personas que tienen derecho a vivienda social”. Una iniciativa acertada y justa porque quienes se saltan las listas de pisos sociales o impiden a familias entrar en sus casas pueden ser muchas cosas salvo progresistas.