El Congreso aprueba agilizar los desahucios de ocupas por vía civil
El Congreso de los Diputados aprobó ayer una iniciativa del PDECat para proveer un mecanismo ágil de desahucio de viviendas ocupadas por la vía civil. El grupo catalán logró el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV a su propuesta, lo que sirvió para la aprobación, a pesar de la negativa de PSOE, Unidos Podemos, En Comú, En Marea y Esquerra Republicana de Catalunya, que consideran que la medida desprotege a familias en riesgo de exclusión.
La diputada catalanista Lourdes Ciuró, que defendió la iniciativa, explicó que esta modificación de la ley está específicamente pensada para personas físicas y administraciones públicas con parque propio de viviendas, de modo que no podrán acogerse a ella empresas o entidades financieras propietarias de bienes inmuebles vacíos que hayan sido ocupados. La diputada aludió específicamente a casos de segundas residencias ocupadas o de administraciones locales o autonómicas que no pueden disponer de su parque de viviendas públicas ante ocupaciones, aseguró, que en muchos casos son gestionadas por mafias que, conociendo la lentitud de los trámites de desahucio, las ofrecen a terceros en situación de emergencia social, por precios que van de los 600 a 1.000 euros, garantizándoles la imperturbabilidad de su residencia ilegal en tanto se despliegan los litigios necesarios para que el propietario legítimo recobre la titularidad y disponibilidad del inmueble.
Las razones de los exconvergentes y su prevención de que este mecanismo administrativo no acabe protegiendo a los sectores más favorecidos de la sociedad y generando indefensión a familias excluidas, no convencieron a PSOE, Podemos y ERC, quienes esgrimieron razones de sensibilidad social y protección de los derechos humanos para votar contra la norma, de cuya efectividad para los casos que se plantea también dudan.
En el último congreso nacional del Partido Popular, el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ya planteó la necesidad de promover una ley contra las ocupaciones para apoyar y dar seguridad jurídica a los propietarios afectados por esta práctica. La propuesta del PP de Barcelona fue convertida en una proposición no de ley por parte del grupo popular en el Congreso de las Diputados, que la presentó el pasado viernes. Ayer mismo, antes de que el Congreso aprobara la iniciativa del PDECat, la presidenta del grupo municipal de Cs en Barcelona, Carina Mejías, también anunció que su formación presentará una iniciativa legislativa en el Congreso para “proteger los derechos constitucionales de los legítimos propietarios frente a las ocupaciones ilegales de viviendas por los grupos antisistema”.