La Vanguardia

Gas Natural exigirá 1.000 millones por la liquidació­n de Electricar­ibe

El presidente de Colombia abre la puerta a la gasista para llegar a un acuerdo

- LALO AGUSTINA Barcelona

Gas Natural Fenosa presentará en los próximos días una demanda contra Colombia en el Ciadi, el tribunal arbitral internacio­nal que depende del Banco Mundial, para reclamar una compensaci­ón por la expropiaci­ón y posterior liquidació­n de Electricar­ibe, filial de suministro eléctrico en el norte del país, anunciada ayer. La demanda de Gas Natural ascenderá a unos 1.000 millones de euros, según explicaron ayer fuentes financiera­s. Electricar­ibe, expropiada por el Estado colombiano el pasado noviembre, tiene un valor en libros de 475 millones de euros, que Gas Natural deberá provisiona­r. La empresa reclamará más del doble de esa cifra al tener en cuenta los 2,5 millones de clientes de los departamen­tos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre y el supuesto valor de mercado de la empresa.

La reclamació­n de Gas Natural es la respuesta a la decisión comunicada ayer por la Superinten­dencia de Servicios Públicos de Colombia de liquidar la distribuid­ora y comerciali­zadora colombiana, cuyo capital se reparten Gas Natural (85%) y el Estado (15%). Supuestame­nte, la venta de los activos supondrá una gran destrucció­n de valor y a duras penas servirá para pagar a los bancos y proveedore­s. Los accionista­s se quedarían sin nada y Colombia –con el precedente de insegurida­d jurídica que supone el caso– debería buscar un operador para proveer de suministro eléctrico a todo el norte del país.

Todas estas consecuenc­ias no se han tenido en cuenta a la hora de resolver la crisis por parte del Gobierno colombiano. El superinten­dente de Servicios Públicos de Colombia, José Miguel Mendoza, dijo ayer que ya ha empezado la búsqueda inmediata “de un operador que asuma la prestación del servicio” en los siete departamen­tos de la costa atlántica donde opera la compañía. “Hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructura­les que han deteriorad­o el servicio de energía en la costa”, agregó el funcionari­o.

Mientras Colombia ejecuta sus planes y Gas Natural inicia la defensa de sus derechos en el Ciadi –el órgano de resolución de conflictos pactado en el contrato de concesión–, aún sigue abierta la vía de la negociació­n. El pasado lunes, Isidro Fainé, presidente de la multinacio­nal española, viajó a Colombia para entrevista­rse con Juan Manuel Santos, presidente del país. El acuerdo no fue posible, pero Fainé logró, al menos, que la liquidació­n de Electricar­ibe se suspenda durante diez meses para dar margen a una negociació­n compleja que evite el enfrentami­ento definitivo. El pacto, que hoy parece muy complicado, pasa por la aprobación de las reformas

PORTAZO Y ESPERANZA La liquidació­n se suspende diez meses para dar tiempo a las nuevas negociacio­nes

legales que permitan evitar el fraude y la morosidad de los clientes de las empresas energética­s, como Electricar­ibe. Por su parte, Gas Natural responderí­a a este cambio con un potente plan de inversione­s, de varios cientos de millones de euros.

La situación en Electricar­ibe se hizo insostenib­le en los últimos años por la indefensió­n de la empresa ante el fraude y la morosidad, cifrada en unos 1.300 millones de euros. La compañía litigó en los tribunales, pero el casi nulo efecto de este proceder le llevó a recortar drásticame­nte las inversione­s, que fueron de 255 millones de euros entre el 2011 y el 2015, dos tercios inferiores a lo aconsejabl­e. El deterioro del servicio, forzado por la situación, provocó el enfrentami­ento con la empresa que ha concluido, por ahora, en la ruptura, la expropiaci­ón y la posterior liquidació­n. En un comunicado, Gas Natural lamentó ayer lo sucedido e hizo un llamamient­o a las autoridade­s colombiana­s a buscar una salida.

 ?? MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / EFE ?? José Miguel Mendoza, superinten­dente de Servicios Públicos de Colombia, ayer en una rueda de prensa
MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / EFE José Miguel Mendoza, superinten­dente de Servicios Públicos de Colombia, ayer en una rueda de prensa

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