Una decisión urgente
La red de vías de alta capacidad, que constituye la médula de la movilidad viaria en Catalunya, tiene una longitud de 1.648 kilómetros y la forman tanto las autovías como las autopistas. En un breve periodo de tiempo las administraciones públicas y la sociedad en su conjunto tendrán que tomar importantes decisiones con respecto a su mantenimiento y explotación, lo cual requerirá un debate público amplio. En el 2019 empezará la reversión de las concesiones de autopistas que han servido para su construcción y mantenimiento con el AP-7 entre Tarragona y València, seguida en el 2021 de tres tramos más del AP-7, el AP-2, la C-33 y parte de la C-32. Con respecto al peaje, existe una falta de armonización del modelo que hace que haya comarcas que tienen que pagar peajes explícitos, respecto de otros que no, o que determinados territorios paguen más que otros, como es el caso de Catalunya.
Las limitaciones derivadas de la deuda y del déficit público harán que el volumen de inversión pública en los próximos años sea bajo, insuficiente para mantener en buen estado esta red o para emprender nuevas. Eso queda reflejado en el estudio de la Asociación Española de la Carretera, que estima que el déficit acumulado en conservación en Catalunya es de 500 millones de euros para poner a punto las infraestructuras viarias y que, de continuar la tendencia, no habría que hablar de mantener, sino que antes del 2020 podría ser necesario reconstruir parte de la red a causa del deterioro acelerado por el uso del pavimento.
Por lo tanto, se tienen que tomar decisiones. Por ello, pensamos que, siguiendo el principio de “quien contamina, paga,” hace falta favorecer el pago por uso y aplicarlo tanto a España como a Catalunya, tomando las siguientes medidas: realizar la licitación para el servicio de explotación y mantenimiento de las concesiones que finalicen, estableciendo un canon para sufragar el servicio –que resulte sustancialmente más bajo que el peaje actual–, armonizando en toda España los euros por kilómetro. El producto del canon se destinaría al mantenimiento de la infraestructura, así como a la ampliación de la red y a inversiones territorializadas. Una segunda medida es aprovechar parte de la estructura existente utilizando más intensamente los instrumentos telemáticos, que, sin la detención de los vehículos, eviten el efecto barrera.
La tercera medida es establecer, antes del 2019, la euroviñeta para todo los vehículos –o al menos los pesados, como se hace en la UE– para el uso de la red de alta capacidad en toda España, en función del kilometraje realizado, con una estructura tarifaria que favorezca los vehículos menos contaminantes, de uso más intensivo, y que facilite un pago mucho más reducido por los recorridos de ámbito local. Esta es una aportación a un debate en el que hace falta encontrar de consensos amplios, que eludan la idea del “todo es gratis”, dado que, lo que no paga el usuario, lo paga el contribuyente.
Urge decidir cómo se modernizan las vías de alta capacidad en Catalunya