El TC avisa que no puede resolver el conflicto catalán
Santamaría replica al presidente saliente y defiende el papel que le asignó el Gobierno
El presidente De los Cobos se despide pidiendo diálogo entre los dos gobiernos Rajoy impulsa que la declaración de Roma pida respeto a la ley
Francisco Pérez de los Cobos dejó ayer el Tribunal Constitucional haciendo sonar una traca. En su condición de presidente saliente, dijo en su discurso de despedida que problemas como el planteado desde Catalunya, en reivindicación de una soberanía propia, distinta de la del conjunto del pueblo español, “no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución”. Y añadió que el diálogo político pedido por el propio TC en sus sentencias es ahora “una necesidad inexcusable y urgente”.
Han sido muchos meses de aguantar el tirón, y De los Cobos quiso quitarse ayer la toga con unas palabras de desahogo. El TC nunca creyó que sus fallos fueran el instrumento completo e idóneo, si no va a acompañado de otros, para afrontar el conflicto entre Catalunya y las instituciones del Estado. Pero sus quejas apenas salieron al ámbito público, salvo en forma de llamamientos al diálogo. Llegada, sin embargo, la hora de la despedida, De los Cobos quiso reivindicar que el TC no se ha limitado a suspender y a anular, sino que también ha efectuado llamamientos al diálogo.
En este sentido, citó la primera sentencia sobre el proceso soberanista, en la que el TC ya dijo que la Constitución de 1978 establece que la soberanía política reside en el conjunto del pueblo español y no es parcelable. Por tanto, si Catalunya reivindica una soberanía propia, debe recurrir a la reforma constitucional para que le pueda ser reconocida. De ahí que el TC recondujera entonces el derecho a decidir “a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución y hacedera mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”.
Mientras no llegue ese nuevo escenario político que permita el reconocimiento del derecho a decidir, al TC le compete aplicar la Carta Magna en su redacción actual, a sabiendas de que –como advirtió en su día el primer presidente del Constitucional, Manuel García Pelayo– “hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que sólo pueden y deben ser resueltos por la vía política”.
De los Cobos podría haber dicho estas cosas y con esta claridad durante su mandato, pero con ello habría generado tensiones institucionales. Al TC ya se le movieron los cimientos cuando el Gobierno decidió a finales del 2015 aprobar sólo con los votos del PP la reforma del propio Alto Tribunal para darle la posibilidad de suspender a cargos públicos, una iniciativa cuestionada por la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa, que si bien avaló legalmente el cambio no lo consideró recomendable. Frente al soberanismo, el TC votó siempre unido, pero sobre esta reforma se dividió.
El magistrado señala en su despedida que el diálogo político es ahora “inexcusable y urgente”
Ahora, la garantía de la unidad interna sigue siendo para el TC un objetivo básico. Intentará lograrla para que Juan José González Rivas, el candidato de la mayoría conservadora, sea elegido mañana como su nuevo presidente. Este bloque defiende con determinación a Encarna Roca como la próxima vicepresidenta, mientras que la minoría progresista quiere insistir en la recta final a favor de Fernando Valdés Dal-Re.
La afirmación de Pérez de los Cobos tuvo su réplica de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en declaraciones a los periodistas, en el Senado, subrayó que “indudablemente, el Tribunal Constitucional es un elemento para la resolución de conflictos”.
En lo que sí coincide la vicepresidenta con el presidente saliente del Tribunal Constitucional es en la necesidad de diálogo, pero un diálogo basado en la lealtad.
Sáenz de Santamaría hizo estas declaraciones durante la clausura del VI Foro de la Autonomía, organizado en el Senado por el Instituto Público de Barcelona. Allí aseguró que “la asignatura más pendiente” del Estado autonómico es fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración, para tomar decisiones conjuntas y evitar conflictos. Y buscar mecanismos para reducir la litigiosidad entre administraciones, que debería empezar por reducir lo que denominó “burbuja normativa”, sobre todo de las comunidades autónomas.
Pero la vicepresidenta habló sobre todo de lealtad y de diálogo político. Para Sáenz de Santamaría, si la responsabilidad es compartida, si el nivel de descentralización es el existente, “indudablemente nuestro esquema tiene que partir del diálogo político dentro del marco de la Constitución y las leyes”. Para la número dos del Gobierno, lealtad constitucional “es también respeto a las leyes, respeto a la Constitución y respeto a los procedimientos en ella establecidos”.
Porque –recordó– la Constitución puede cambiarse, en su integridad, a diferencia de otras, siempre y cuando se cumplan los procedimientos que garantiza que el conjunto de los españoles pueda opinar y decidir en uso de su soberanía”.
La vicepresidenta habló del diálogo como un “elemento imprescindible” a la hora de que un Estado “compuesto y complejo, como el nuestro, pueda avanzar”, y ese diálogo, concluyó, debe ejercerse con lealtad y con sinceridad. Algo para lo que no es necesaria ninguna reforma normativa, pero que es imprescindible que se use para “avanzar en un modelo como el nuestro”.