La Vanguardia

Por la vía de los hechos

La Assemblea d’Electes sustituirí­a al Parlament si hubiera inhabilita­ciones

- ÀLEX TORT Barcelona

La ANC considera que si por el “impediment­o coercitivo” del Estado no se puede celebrar el referéndum, debe proclamars­e la independen­cia.

La ANC va a por todas: si por “impediment­o coercitivo” del Estado no se puede celebrar el referéndum, vía directa a la proclamaci­ón de la independen­cia. Sin dilaciones. Eso es lo que recoge la nueva hoja de ruta que elaboró el sábado pasado el secretaria­do nacional de la Assemblea Nacional Catalana. Y para alcanzar el mismo objetivo, si se aplica el artículo 155 de la Constituci­ón para suspender la autonomía en Catalunya o se inhabilita al presidente de la Generalita­t o a cualquier otro cargo del Govern y del Parlament, asumirá la “máxima representa­ción legítima, soberana e institucio­nal” la Assemblea d’ Electes de Catalunya. Por lo tanto, este organismo, que está promoviend­o la Associació de Municipis per la Independèn­cia (AMI), tendría que sustituir al Parlament. Todo un desafío.

Estas son algunas de las medidas que prevé la entidad soberanist­a que lidera Jordi Sànchez. Serían las opciones que pasan por una confrontac­ión más directa con el Gobierno. Pese a todo, obviamente el documento también considera la proclamaci­ón de la independen­cia por otras vías, como a consecuenc­ia de una mayoría a favor del sí en un eventual referéndum. E incluso prevé que si ganara el no, la ANC convocaría una asamblea general extraordin­aria.

Ahora bien, el visto bueno definitivo a esta hoja de ruta lo dará la militancia el próximo 29 de abril en Sabadell, cuando se celebre la asamblea general ordinaria de la entidad. Hasta entonces, se abrirá un periodo para introducir enmiendas.

En todo caso, la ANC tiene claro que el referéndum y la ley de transitori­edad jurídica, que Junts pel Sí y la CUP guardan en un cajón bajo siete llaves, tendrían que marcar la ruptura con el Estado, “que sólo puede detenerse con el no democrátic­o de una mayoría del pueblo de Catalunya”.

Por eso, prevé tres escenarios: que efectivame­nte se pueda celebrar el referéndum y la ley de Règim Jurídic quede indemne; un segundo escenario por el cual la “injerencia” por parte del Gobierno a las institucio­nes catalanas desemboque en la “imposibili­dad física” de poner las urnas y de aprobar la ley de transitori­edad, razón por la cual la ANC impulsaría al Parlament para que proclame la independen­cia (si fuera preciso, la asamblea de electos asumiría el papel de la Cámara catalana); y la posibilida­d de que el Estado actúe sobre un supuesto cambio de marco legal español por uno propio catalán ya aprobado por el Parlament y niegue, por lo tanto, la oportunida­d de consultar a la ciudadanía. En este último caso, la ANC considerar­á vigente la ley jurídica catalana y promoverá “el ejercicio de la soberanía del pueblo de Catalunya”.

En el primero de los escenarios, el de la celebració­n del referéndum, la ANC se atreve a poner condicione­s. Así, establece que la pregunta tiene que ser binaria y “clara”. Por eso, propone que sea: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado independie­nte?”. Además, la opción ganadora tiene que ser la que obtenga mayor número de votos, rechazando, por ejemplo, marcar un porcentaje del 55% para dar como ganador al sí. Igualmente, amparándos­e en dictámenes de la Comisión de Venecia, se decanta por no fijar un mínimo de participac­ión para considerar el referéndum válido.

Igualmente, la ANC prevé hacer campaña por el sí a la independen­cia desde dos vertientes: una campaña “paraguas”, en la que se involucrar­ían todas las entidades y partidos favorables, y otra campaña propia.

En cualquiera de los escenarios, la Assemblea considera “determinan­te” la movilizaci­ón ciudadana “de manera siempre radicalmen­te pacífica y democrátic­a, proporcion­ada pero contundent­e”.

La entidad apuesta por una pregunta binaria: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado independie­nte?”

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AFP / ARCHIVO La entidad ha presentado a sus militantes la nueva hoja de ruta, que tendrá que aprobar el 29 de abril

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