Un juez de Hawái tumba el segundo veto migratorio de la Casa Blanca
El decreto del presidente queda en suspenso horas antes de entrar en vigor
Los idus de marzo también afectan a Donald Trump, que vuelve a chocar con la justicia. Un juez de Hawái ha suspendido la segunda versión del decreto presidencial que ordenaba la prohibición de la entrada a Estados Unidos de refugiados y de nacionales de seis países de mayoría musulmana. Es un nuevo varapalo a un presidente que sólo encuentra obstáculos para llevar a cabo su programa político, ya sea la contrarreforma sanitaria o la política migratoria.
El juez federal Derrick K. Watson suspendió la orden de Trump con efectos para el conjunto de Estados Unidos apenas unas horas antes de que la orden ejecutiva del presidente entrara en vigor, a las 0 horas de hoy jueves, hora del Este, las 5 de la mañana en Barcelona.
Los abogados del estado de Hawái argumentaron la impugnación señalando que el decreto del presidente atentaba contra la libertad religiosa, perjudicaba a los residentes musulmanes del archipiélago, complicaba la vida a los estudiantes extranjeros y causaba un enorme perjuicio a la industria del turismo, principal motor económico del estado natal del expresidente Obama.
En sus alegaciones, los abogados del Estado señalaron en particular al caso de Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawái cuya suegra vio interceptada su entrada en territorio estadounidense. “El doctor Elshikh, como todos los musulmanes residentes en Hawái, se enfrenta a obstáculos mayores para ver a su familia, discriminado por su fe religiosa”, declaró el abogado Colleen Roh Sinzdak en la audiencia. “No es simplemente un daño a los musulmanes residentes en el estado de Hawái –añadió–, también un perjuicio al conjunto de la sociedad estadounidense que vulnera la primera enmienda de la Constitución”.
Lo más probable es que un tribunal de apelaciones vuelva a tener que decidir si la suspensión cautelar debe mantenerse. Hay que tener en cuenta que otros estados habían impugnado también la segunda orden ejecutiva de Trump considerada antimusulamana: Washington, Nueva York, Oregón y Massachusetts.
La cuestión es que sigue en evidencia la incapacidad jurídica del equipo que asesora a Donald Trump, porque nadie pone en duda que el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de decidir quién puede y quién no puede entrar al país, pero los decretos necesariamente deben ser redactados sin cometer los errores que permiten a los abogados de los estados y los grupos políticos adversarios agarrarse a los principios constitucionales.
El primer decreto de Trump que la justicia bloqueó provocó un escándalo mundial y un caos en el país, puesto que personas con permiso de trabajo y estudiantes
que regresaban de las vacaciones de Navidad fueron deportados a sus países de origen. El nuevo decreto retiraba a los iraquíes de la lista negra y autorizaba la entrada a Estados Unidos de los titulares de permiso de trabajo y de visado en regla. Para el juez de Hawái, no ha sido suficiente.