El TC reclama prestigio
EL Tribunal Constitucional (TC) vive una semana muy importante que culminará mañana con la elección de su nuevo presidente tras la despedida de Francisco Pérez de los Cobos, que ayer pronunció un discurso menos protocolario de lo habitual en el que dejó en evidencia el deseo del Alto Tribunal de alejarse de las contiendas políticas y de la utilización partidista. El relevo de Pérez de los Cobos se produce tras la toma de posesión de cuatro nuevos magistrados nombrados por el Senado.
En síntesis, Pérez de los Cobos dejó sobre la mesa una petición y un diagnóstico. La petición, dirigida especialmente a los dos grandes partidos, es que el Gobierno de turno haga el uso adecuado de las funciones de un órgano decisivo en el ordenamiento de una democracia como es la española. El prestigio del Tribunal Constitucional ha quedado erosionado por varios episodios, especialmente los relativos al encaje de Catalunya en el resto de España. El recorte del Estatut con la sentencia del 2010 fue el primer episodio de una espiral que ha dejado solo –y desprotegido– al Tribunal Constitucional frente a reclamaciones propias de cauces políticos y ciertos desafíos inconstitucionales, una amalgama que explica las palabras de ayer del saliente Pérez de los Cobos: el Constitucional “no puede resolver el conflicto catalán”, para el que aconseja el diálogo de forma “inexcusable y urgente”.
Desde su creación en 1980, el Tribunal Constitucional ha estado sujeto a los vaivenes y tendencias de los partidos políticos, decisivos a la hora de determinar la composición del órgano judicial, integrado por doce magistrados (cuatro son designados por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado, dos por el Ejecutivo y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. En el caso de las dos cámaras, se requiere el respaldo de tres quintos de sus miembros). La fórmula, impecable y similar a la de la mayoría de los estados europeos, exige una grandeza de miras y un sentido del Estado por parte de los grandes partidos y no un mero pacto de no agresión o un acuerdo tácito para permitir que PP y PSOE obren sin cortapisas, lo que explica designaciones poco acertadas e incompatibles con el perfil elevado de quienes se sientan en un órgano necesitado de un gran prestigio y honorabilidad para trabajar con tranquilidad, discreción y lejos de ruidos o presiones interesadas que sólo erosionan el sistema.
La democracia española no tiene siglos de tradición, pero tampoco está dentro de los estándares de los miembros de la UE. En uno u otro momento, los partidos han politizado el Tribunal Constitucional, un hecho poco usual en las democracias con solera por el lógico respeto a la figura de estos magistrados y la convicción de que la cultura democrática empieza por el acatamiento a los textos constitucionales. El presidente saliente tuvo que recordar ayer algo elemental: la Constitución permite dar salida al llamado derecho a decidir, “aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución y hacedera mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”.
Devolver todo el prestigio inherente al Tribunal Constitucional es una de las tareas prioritarias del sistema político español. Ni es positivo que se convierta en el receptor de asuntos que corresponden al ámbito de la negociación política, ni es aceptable desafiar su autoridad y olvidar que interpreta la ley que asienta la convivencia de todas las democracias del mundo.